- Repetición e impunidad de los delitos logran un “efecto amedrentador” en los comunicadores
- Hubo 157 agresiones entre enero y junio; Veracruz, DF y Quintana Roo son los más violentos: Article 19
La oficina de Article 19 para México y América Latina publicó su segundo informe trimestral de 2014, titulado Repetición crónica de ataques e inacción gubernamental.
Los datos recabados entre enero y junio hablan de 157 agresiones contra la prensa mexicana. Se documentaron 87 agresiones -39 físicas- contra medios y periodistas, además de 14 intimidaciones, trece detenciones arbitrarias, nueve amenazas, cuatro actos de censura, cuatro denuncias por difamación y calumnia, y cuatro citatorios judiciales o ministeriales.
Las entidades más violentas para ejercer el periodismo en este segundo trimestre fueron Veracruz, con 19 agresiones, el Distrito Federal con 15, y Quintana Roo con 12.
“En suma, en los dos trimestres del año se han documentado 157 ataques a la prensa en México, cifra parecida a las 151 agresiones que reportó Article 19 en ese mismo lapso pero de 2013 y superior, en más del 50 por ciento, a las agresiones registradas durante el primer semestre de 2012”.
Respecto al último reporte, la organización internacional también señala que en el 43 por ciento de los casos la agresión provino de un funcionario público.
“La repetición de las agresiones y la impunidad que suele acompañar a los casos documentados, ha provocado que la violencia contra la prensa tienda a incrementarse, pero también un efecto amedrentador para las y los profesionales de los medios, quienes optan por continuar con su trabajo a pesar de los riesgos de informar en un país como México donde más del 90% de los delitos denunciados quedan en la impunidad. Los delitos contra la prensa no son la excepción. Es ahí donde el derecho a informar y recibir información en México se convierte en una labor amenazada”.
La impunidad, reitera Article 19, es prueba de la falta de resultados de la Procuraduría General de Justicia, de las procuradurías locales y de tribunales, así como de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
La dependencia de la PGR fue creada con la misión de “garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, en todas sus manifestaciones, a través de la investigación y persecución de delitos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta… a fin de preservar el estado democrático y la vigencia de una sociedad plural”.
Al no existir castigo para los responsables de agredir a los periodistas -añade Article 19-, ni para aquellos servidores públicos cuya inacción o negligencia permite que los agresores continúen sin sanción mientras los ataques para tratar de acallar a la prensa siguen aumentando.
El caso más emblemático pareciera ser el del Periódico Noroeste, ubicado en Sinaloa, donde ha sufrido 47 ataques. En el último de ellos su director general, Adrián López Ortiz, recibió un balazo en la pierna.
105 de las 157 agresiones perpetradas entre enero y junio tuvieron como blanco a las mujeres periodistas.
Producto de su línea editorial, la revista Contralínea ha sido objeto de “por lo menos doce agresiones graves” de agosto de 2007 a la fecha.
El 18 de abril fue asaltada la casa del director Miguel Badillo y, apenas este 24 de junio, las instalaciones del medio fueron saqueadas con saldo de 19 equipos de cómputo y expedientes periodísticos bajo investigación.
Entre los presuntos agresores, menciona el redactor del informe, no sólo hay funcionarios, sino también sindicatos, fuerzas partidistas, delincuencia organizada, organizaciones sociales e incluso otros periodistas y medios de información.
Article 19 se dice alarmada por la repetición de agravios contra la prensa, sobre todo porque en la mayor parte de los casos ya había una denuncia penal en trámite.
“No hay duda que el estado mexicano ha incumplido con la obligación de castigar a los agresores de la prensa, poniendo en riesgo la libertad de expresión en México, incumpliendo diversas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aunado a la falta de claridad de políticas públicas y una estrategia contundente para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño”.
Pie de foto: El derecho a informar y recibir información en México se convierte en una labor amenazada, recalcó Article 19 en su segundo informe trimestral
