Exige Comisión de Recursos Hidráulicos clarificar las irregularidades de CAASA - LJA Aguascalientes
09/08/2020


 

  • Congreso del Estado no puede hacer nada ante las irregularidades de CAASA pues es Ccapama el facultado
  • Una de las excusas más utilizadas es que el programa implementado por la administración pasada todavía no está concluido pues no han llegado los recursos de la Federación

A pesar de que el Congreso del Estado a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos se le envió un oficio a la Comisión Ciudadana de Alcantarillado y Agua Potable del Municipio de Aguascalientes (Ccapama) para que se clarificara la situación actual de la concesionaria Proactiva Medio Ambiente CAASA, las irregularidades continúan y la falta de atención al servicio del agua cada vez se incrementa más, según lo reportó el presidente de dicha comisión legislativa, Jesús Rangel de Lira.

Aunque el Congreso tiene un peso importante en la materia, Ccapama es la responsable del organismo técnico operador pues es quien tiene que exigirle a la concesionaria el respeto al contrato, independientemente de que haya cambios de accionistas o nombren a un nuevo director, “eso no obsta para que asuman sus responsabilidades, no debe de haber ninguna justificación”.

Ante los estudios realizados desde su llegada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, se observó que el Ayuntamiento está desentendido de la problemática a pesar de que los casos reportados no son hechos aislados sino un conjunto de lugares en toda la ciudad donde se detecta un mal servicio de agua y alcantarillado; un ejemplo claro y más reciente se encuentra en la avenida Tecnológico por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde se encuentra una coladera colapsada desde hace dos semanas en la que está brotando entre agua potable y aguas negras, “aquí ya es más grave porque se está contaminando todo”, el caso ya ha sido reportado inclusive por el diputado y ciudadanos en general pero ni la concesionaria ni Ccapama han actuado.



El título de concesión dice que tiene la responsabilidad de ir invirtiendo una parte proporcional de sus ingresos para ir sustituyendo toda la red hidráulica, lo cual no han aplicado en ningún momento, Rangel de Lira aclaró que las supuestas malas condiciones de las tuberías no deben ser excusa para el mal servicio pues justamente tendrían que estar rehabilitando la red, “la mayoría de los casos es pura negligencia de parte de la concesionaria y del municipio”. Los inconformes deben de presentar su denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pues la concesionaria está obligada a reparar los daños por tratarse de un problema originado por ellos.

Uno de las excusas más utilizadas en los últimos meses por ambas partes ha sido que el programa implementado por la administración pasada (PIMOH) todavía no está concluido pues no han llegado los recursos de la federación y que por eso están dejando de invertir sus propios recursos, “esta es una de las mil triquiñuelas utilizadas para no cumplir con los servicios que está obligada”; subrayó que son tantas las barbaridades en las que han estado incurriendo que la concesionaria utiliza cualquier excusa para no cumplir con sus responsabilidades de otorgar un buen servicio a la ciudadanía.

Los incrementos que se han observado en los recibos que le llegan a los ciudadanos están muy por encima de la inflación, cosa que en el título de concesión especifica que las tarifas no deben de subir por encima de la inflación, “las violaciones son en todo sentido arbitrarias por parte de CAASA y no hay nadie que le esté obligando a resarcir los daños ni a dejar de actuar de tal forma”, para los integrantes de la Comisión Legislativa, la concesionaria no está acatando ninguna normatividad por ello se encuentran presionando al Gobierno del Estado a través del Inagua y al municipio por medio de Ccapama, para que obliguen a la concesionaria a rendir cuentas y dejar de violar la normatividad.

En sí, el municipio es quien debe denunciar las anomalías y aplicar las sanciones correspondientes pues al contrato aún le falta más de diez años, tiempo en que la ciudadanía no merece tener un servicio escaso y de baja calidad, siendo que pagan sus impuestos a tiempo.

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