El tema de la migración infantil no debe ser asumido como el capital político del gobierno de Estados Unidos como tampoco de alguna otra nación.
Se trata de un fenómeno que revela la descomposición que muestra la misma sociedad. De los altos niveles de pobreza y de falta de oportunidades que enfrentan nuestras comunidades, así como de la inseguridad que sigue siendo la zozobra de la mayoría de los mexicanos.
Constatamos cómo el asunto migratorio es desestimado de las agendas públicas, tanto en nuestro país como de Estados Unidos.
El legislativo del vecino país fue firme en su postura de que estaba cancelada de la posibilidad de una reforma migratoria, lo que deja en la indefensión a millones de compatriotas.
Cuestionamos el trato de los migrantes de ascendencia latina en Estados Unidos, pero hacemos “oídos sordos” en cuanto al respeto a los derechos que damos a nuestros mismos compatriotas.
Nuestro interés por la migración no sólo se debe centrar al panorama internacional. En Aguascalientes ocurre un fenómeno migratorio en particular, donde familias nacidas en otros estados con carencias económicas y sin empleo, están arribando a esta tierra, atraídas por las supuestas oportunidades laborales y creyendo que aquí podrán encontrar un mejor nivel de vida.
Como autoridades y sociedad, es impostergable definir una estrategia que identifique, proteja, pero sobre todo, prevenga la movilización de los niños y adolescentes en condiciones de soledad. Ya lo decía, en su mayoría vagan por la indiferencia de sus padres o tal vez huyendo de alguna condición de violencia; pero sin duda, nos atrevemos a decir que todos provienen de hogares desintegrados.
Y es que, en verdad, es preocupante como los infantes y adolescentes están expuestos a situaciones de violencia a sus derechos y a su integridad. Son los más expuestos a ser víctimas de explotación y a todo tipo de delincuencia.
Reprobable es la burla en la que incurren las autoridades con sus supuestos apoyos a los menores en tales condiciones.
Justamente, en el Diario Oficial de la Federación, apenas el pasado 20 de febrero del presente año, se publicó, a través del DIF Nacional, que habría para Aguascalientes recursos extraordinarios por 35 mil 200 pesos, a fin de que sean utilizados en apoyo a los niños que migran de ciudad en ciudad, sin compañía de un adulto.
Sí, lo leyó bien: 35 mil 200 pesos para la atención de un creciente sector de la población en condiciones de alta vulnerabilidad.
Tal cifra, nos provoca sentimientos encontrados: entre el enojo y la risa. Sólo nos confirma que las políticas públicas ante el fenómeno migratorio infantil son insuficientes y aisladas.
No existe una cifra exacta o aproximada sobre los niños que recorren sin compañía de un adulto el territorio. Pero no desconocemos que se trata de un problema social y humanitario.
Hacemos referencia sobre la importante movilidad interestatal que se está produciendo por el actual grado de desarrollo económico y social.
Nos vamos a datos duros para entender las condiciones de Aguascalientes. El INEGI señala que el 8.2 por ciento de las personas menores de 18 años nació en una entidad o país distinto.
Considerando además cifras de la Fundación Bancomer y del Consejo Nacional de Población, Aguascalientes experimenta una migración con saldo favorable en los últimos 30 años, y su tendencia pareciera es de seguir creciendo.
Ello, indudablemente está ejerciendo presiones a los sistemas de salud, educación, seguridad, deporte y cultura e incluso de los servicios públicos.
Se asegura que en Aguascalientes está garantizado el derecho constitucional al libre tránsito. Esto se refleja en que el 79 por ciento de la población estatal son personas nacidas aquí y el resto hijos adoptivos de esta tierra.
Evitar la migración infantil es una competencia fundamental de los hogares. Sin embargo, el problema se presenta y es necesario intervenir con una estrategia que entienda que se trata de seres humanos portadores de un futuro que es necesario para la transformación de nuestro país.
