- Podría partirse de 3 meses a 3 años de cárcel, y de 15 a 70 días de multa
- La propuesta quedará lista luego del foro internacional en la materia, dijo Cuauhtémoc Escobedo
La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Aguascalientes, publicada en 2007, sí define bajo qué condiciones puede darse tal ilícito, pero aún no contempla las sanciones para quien participe mediante acción u omisión.
Esta mañana tendrá lugar el Foro Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, después del cual, expuso Cuauhtémoc Escobedo Tejada, habrá necesarias modificaciones legislativas.
A ojos de la ley, en Aguascalientes delinque quien “inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o sicológicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información, una confesión o declaraciones”.
El coordinador de la fracción perredista dijo que se deberá armonizar la legislación local con la federal, misma que prevé de tres meses a tres años de prisión, y de 15 a 70 días de multa.
“Me parece que Aguascalientes está atendiendo las directrices que en política de respeto a los derechos humanos se establecen en el tema de la prevención y la sanción de la tortura… sin embargo, lo que hay que destacar en el ámbito local, es una omisión. La ley local en comparación con la ley federal no considera la responsabilidad y obligación del servidor público para denunciar hechos de tortura… es un pendiente que debemos plasmar en nuestro ámbito de jurisprudencia”.
Diversos acuerdos internacionales firmados por el estado mexicano, señaló, refuerzan la consigna de que ningún indiciado, independientemente de la gravedad del delito por el que se le juzgue, debe sufrir dichas penalidades sicológicas, físicas o materiales.
“El que con el mecanismo de la tortura se recabe información para dictar una sentencia muestra fallas, porque no se están utilizando mecanismos científicos que den certeza, que den claridad, y que sean justos en la determinación del juez. Es delicado cuando se sentencia a un culpable, porque a través de la tortura pudo haber aceptado cometer un delito con la intención de preservar su integridad física o emocional. Lo que tenemos es un acto de injusticia de la autoridad, y un inocente más en las cárceles”.
–¿Qué tan grave es contar con una legislación que no contempla penas?
–En primer lugar es algo positivo que en Aguascalientes haya una ley para sancionar y para prevenir la tortura. Lo que debemos revisar son los vacíos que existen. Un secretario de un Ministerio Público que se dio cuenta de un acto de tortura y que no lo denuncie estaría coadyuvando a generar no nada más impunidad, sino también un atentado a los derechos humanos.
Escobedo manifestó que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tomará como base las penalizaciones plasmadas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
“Yo no vería ningún problema para que se ajuste a nivel local esta disposición… la sanción a nivel federal es de tres meses a tres años de prisión y de 15 a 70 días de multa. Vamos a reflexionar si estos mismos parámetros quedarían para el ámbito local, podrían ser más o podrían ser menos”.
–¿Sancionaría la Procuraduría General de la República?
–No, la Procuraduría (General de Justicia); por supuesto que en los términos de aportar elementos a favor o en contra, pero con el Poder Judicial como última instancia para resolver todos los elementos que se hayan presentado.
–¿Cuándo estarán en condiciones de presentar su propuesta?
–La realización del foro nos va a dar luz para diseñar algo a nivel local. Tendría que ser posterior a este ejercicio, también una vez realizadas una serie de consultas con quienes tienen que ver con los temas de administración y procuración de justicia, así como del respeto a los derechos humanos.
Pie de foto: Si se le compara con el documento federal, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Aguascalientes tiene algunas omisiones.
