Sobre las reformas a la constitución en materia político electoral, que hemos votado y aprobado por unanimidad, es pertinente hacer una valoración mesurada, objetiva, propositiva y constructiva de la realidad político, social y económica por la que transita la población, a 16 años de iniciada la alternancia en nuestro estado y 14 años en la Federación.
En 14 años de alternancia, los diferentes gobiernos han priorizado decisiones eminentemente económicas como el crecimiento del PIB, control de la inflación, mayor recaudación de impuestos, estabilidad de la moneda, acumulación de reservas, restricción del gasto público con énfasis en equilibrios presupuestales. En suma, estabilidad y control de Macro Variables.
Probablemente han tenido relativo éxito. Sin embargo, en contraste, los costos sociales son enormes para la población, especialmente para los trabajadores y la clase media progresista.
¿Por qué hago estas observaciones? Esta reforma así como las anteriores, modifican las reglas del juego electoral. Es a través de los partidos como se alcanza el poder y, por tanto, la priorización de los problemas sociales por atender y la definición de las políticas públicas.
Por consiguiente, en esta reforma, como en otras, subyace el tema de la representación. Quién o quiénes representan en cada uno de los poderes, principalmente en el Legislativo y Ejecutivo, los intereses y preocupaciones de la población.
En México tenemos una crisis de representación política, y esta reforma con orientación de derecha de ninguna manera contribuye a solucionar la falta de voz y voto que adolecen diferentes sectores y segmentos poblacionales. Más que incluyente, su orientación es abiertamente excluyente y elitista.
La reforma fortalece un modelo de democracia donde el crecimiento de la economía no se traduce en prosperidad económica para las familias y en desarrollo general para la población.
Estamos construyendo una democracia sin alma social, una democracia para el 10 por ciento, que sólo beneficia a los más ricos y donde no hay espacio para la clase media progresista y los esforzados trabajadores.
En esta nueva reforma, ¿quién representa a los trabajadores, a los informales, a la clase media progresista, a los estudiantes y profesionistas, a los micro, pequeños y medianos empresarios, a los agricultores? Parafraseando a Emmanuel Sieyés, ideólogo de la revolución francesa: ¿Qué son los trabajadores y la clase media?… casi todo. ¿Qué representación han tenido hasta ahora en definir el rumbo de este país?… poca. ¿Qué es lo que desean?… una vida digna para sus familias.
Es claro que el sistema político actual no los representa.
El país ha disfrutado de 20 años de estabilidad macroeconómica y de relativo crecimiento de la economía, no obstante el empleo apenas aumenta y los salarios llevan la misma cantidad de años estancados.
Los sucesivos gobiernos impregnados por la ideología de libre mercado, fomentaron la competitividad del país, bajando los salarios en los noventa y congelándolos en la década del 2000.
De 2001 a 2014, en 13 años, el salario mínimo en Aguascalientes aumentó 27 pesos con 39 centavos. En el mismo periodo de tiempo, la inflación fue de 47 por ciento, es decir, aumentaron más los precios que los salarios.
Por otra parte, desde 2006 se han incrementado en forma desproporcionada servicios básicos como la luz, el gas y las gasolinas, amén del precio en los alimentos.
¿Qué consecuencias originan estas políticas erróneas e insensibles? 53.3 millones de personas en pobreza, el más alto en toda América. En este asunto, resaltan dos datos de la OCDE de 2011:
1. México es el país con mayor pobreza laboral: la población, que a pesar de contar con empleo, con su salario no alcanza a cubrir las necesidades básicas de alimentación, pago de servicios y transporte.
2. Tenemos también uno de los peores desempeños en pobreza patrimonial, aquellos que con su ingreso no se pueden dar el lujo de adquirir una vivienda ni dar educación a sus hijos.
Existen aspectos positivos en la homologación de la reforma como la paridad de género, la autonomía de la Fiscalía General del Estado y la acotación de la reelección a dos periodos. Sin embargo, en su conjunto, la reforma no va en el sentido que la población esperaría, las mayorías siguen sin estar representadas en nuestro sistema político.
