- Derechos humanos, de las normas máximas en México: Anaya Muñoz
- El más fuerte sería en los derechos económicos, políticos, sociales y culturales
La Reforma Energética impactará en los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la población, dependiendo de los recursos que tenga el Estado mexicano para ello, es decir, impactará en los derechos humanos, “pero aún no sabemos si bien o mal”.
¿Cuál podría ser el impacto de las disminuidas participaciones petroleras a los estados, derivadas de la Reforma Energética, en el presupuesto estatal de Aguascalientes, particularmente en las personas y más concretamente aún, en los derechos humanos?
La Jornada Aguascalientes le formuló esa pregunta al coordinador académico y director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. Región Centro, con sede en Aguascalientes, Alejandro Anaya Muñoz, quien además es experto en los derechos humanos en las relaciones internacionales: “Más importante fue la Reforma en Derechos Humanos de 2011, una reforma explícitamente sobre derechos humanos, la cual, entre otras cosas, puso a los derechos contenidos en los tratados internacionales, ratificados por el Estado mexicano, como parte de, digamos, las normas máximas en el país”.
Agregó: “La reforma de 2011, desde una perspectiva explícita en derechos humanos, es la importante. Ahora, estas reformas más recientes -telecomunicaciones, educación y energéticos- podrán tener un impacto en la vigencia de los derechos humanos. Yo no me atrevo a especular si va ser bueno o va a ser malo, habría que hacer un análisis muy detallado al respecto”.
Añadió: “A ver, empecemos pensando nada más, especulando, con respecto a la Reforma Energética, que puede tener distintas variantes, en cuanto a la relación del sector energético y los derechos humanos…
“Muchísimas variantes, pero es una relación indirecta. Digamos que la Reforma Energética va a impactar muchos aspectos de la vida pública en México, y esos aspectos a su vez tendrán impacto en los derechos humanos, no de una relación directa e inmediata con esta reforma, como sí lo hubo con la reforma del 2011, implícitamente sobre derechos humanos”.
Anaya Muñoz afirma que “el sector energético está relacionado, por supuesto, con el ámbito laboral, los derechos de los trabajadores que están en ese sector, puede estar relacionado con el ámbito ambiental: los derechos ambientales y cómo estos derechos pueden o no verse afectados por la actividad energética o con la extracción de hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera; puede tener un impacto en el medio ambiente”.
Y por supuesto, aclara, “el vínculo quizá más fuerte tiene que ver, en lo general, con los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, cuya garantía y cuya promoción dependen en gran medida de los recursos que tenga el Estado mexicano: estoy pensando en el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social; esparcimiento, cultura, etcétera”.
Todo este tipo de derechos, apunta el director del CIDE Región Centro, se ven beneficiados en la medida en que el Estado tenga mayores recursos y los implemente de mejor manera; “por supuesto que la implementación que de los recursos haga el Estado no tiene que ver con la reforma, pero la Reforma Energética sí va a tener que ver con los recursos que tenga el Estado, disponibles para alentar o promover el acceso de los ciudadanos a todos estos bienes, que están vinculados con los derechos humanos”.
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El director del CIDE Región Centro apuntó que los derechos humanos se ven beneficiados en la medida que el Estado tenga mayores recursos y los implemente de mejor manera
