Todavía se malinterpreta la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

• La población no acepta que las garantías de los indiciados sean defendidas
• Si no se resguarda el debido proceso toda la justicia resulta frustrada: Martín Jáuregui

La ciudadanía todavía hace imputaciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), expresó su titular, Eduardo Martín Jáuregui, al insistir en que la labor consiste en respaldar tanto a los ofendidos como a los inculpados por cualquier delito.

“La comisión había perdido presencia, y probablemente también se había perdido un poco de confianza. Hay un cuestionamiento que nos hacen frecuentemente: que la comisión está para defender a los delincuentes, que el procurador de los derechos humanos solamente defiende a los delincuentes, que no se preocupa por las víctimas”.

Añadió que los criterios judiciales vigentes, en los cuales destaca el principio de presunción de inocencia, hacen indispensable la observancia en el respeto a las garantías de todo acusado, sin posibilidad de excepción.

“Si no se respetan los derechos de un acusado, y del debido proceso en ley, los jueces los van a dejar en libertad. Entonces se van a frustrar, la autoridad policiaca porque su trabajo no va a tener rendimiento, se va a frustrar la víctima porque van a quedar libres los indiciados, y se va a frustrar la sociedad toda porque no habrá castigo para los delincuentes. Para que se respeten los derechos de las víctimas es indispensable que se respeten los derechos de los acusados”.

A seis meses de haber asumido el cargo, Martín Jáuregui mencionó que el organismo ha tomado medidas para posicionar estos conceptos entre la población local. Enlistó la realización de presentaciones, foros y talleres con respuesta positiva.

Anotó que incluso se ha trabajado en ajustes internos. Al inicio de su gestión había pasivos laborales por dos millones de pesos.

“La Suprema Corte dice ahora: no importa si no tienes presupuestada la indemnización de una persona, tú verás cómo le haces”. El criterio anterior decía que las indemnizaciones sólo serían pagaderas cuando estuviesen previamente presupuestadas y autorizadas por el Poder Legislativo. “Si no pagábamos eso tendríamos encima hasta un posible embargo. Seguramente una sanción para el presidente, que sería el arresto. Ya estamos trabajando en eso, hemos arreglado cuatro de las siete que tenemos pendientes, prácticamente está pactada la solución”.

Pie de foto: “Para que se respeten los derechos de las víctimas es indispensable que se respeten los derechos de los acusados”