- Después de siete meses en la congeladora, Comisión de Equidad de Género debatió el tema
- El juez tendrá máximo ocho horas para emitir la orden de protección de emergencia o prevención
- La iniciativa se reforzó con sanciones para quien incumpla el plazo establecido
Desde el 19 de febrero, la diputada panista Sylvia Garfias presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de disminuir el tiempo de expedición de las órdenes de protección a mujeres violentadas; después de siete meses en la congeladora, la Comisión de Equidad de Género debatió el tema dictaminándolo a favor, aunque con algunos ajustes.
En un principio, la promovente indicaba que las órdenes de restricción preventivas y de emergencia fueran entregadas en un plazo máximo de cuatro horas, sin embargo, tras un estudio presentado por la presidenta de la Diputación Permanente, Lourdes Dávila Castañeda, se aprobó el cambio a un máximo de ocho horas, “esto armoniza la norma local con la ley general de carácter federal, es mucho más efectivo”.
Además se agregó un párrafo a la iniciativa (remisión) en la cual se especifica que aquella autoridad que no cumpla con la nueva disposición será sujeta a que se le aplique la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, para evitar que se convierta en letra muerta; la reforma incluye a mujeres y menores de edad que soliciten una orden de protección de emergencia o prevención.
Los casos aplican cuando la víctima haya sido violentada física o sexualmente, o amenazada por un varón. “Hemos observado que las mujeres no presentan la denuncia porque no sienten que las proteja alguien, y si el agresor se da cuenta que está denunciado se regresa y la remata”, explicó Garfias, razón por la cual se reformará la ley para que en el momento de presentar la denuncia, la víctima pueda buscar un lugar de refugio sin que tema por ser agredida.
En casos donde la mujer se encuentre en el hospital, la orden de protección puede aplicarse si un familiar presenta la denuncia, aunque en muchos de estos casos es el propio Ministerio Público quien llega a los hospitales y, al observar el estado en el que se encuentra la mujer, comienza el procedimiento de la orden de protección.
La promovente coincidió con sus compañeros de comisión en la necesidad de aumentar la especificación de las sanciones para quien no cumpla el plazo de emisión de la orden, pues hasta el momento la autoridad tiene 24 horas y, aún así, no las emite en ese tiempo. “Espero que así como hubo consenso en la comisión, lo tenga en el Pleno”, el dictamen fue votado a favor de forma unánime por representantes del PRI, PAN, Nueva Alianza y PRD.
Aunque los datos oficiales indican que tres de cada diez mujeres presentan una denuncia por violencia, la diputada manifestó que por cada una hay otra mujer más que es violentada pero que, por temor, tabú o falta de cultura, no denuncia y continúa en el mundo de la violencia, con afectaciones que llegan a ser mortales.
Para el caso de las sanciones, los asesores trabajarán en un estudio sobre la Ley Orgánica del Misterio Público y de Responsabilidades de Servidores Públicos, ya que este tema no corresponde a la Comisión de Equidad de Género.
Por su parte, Lourdes Dávila Castañeda celebró que los colores partidistas se hayan puesto de lado para estudiar la iniciativa, siendo un ejemplo de la apertura y poder de negociación que puede hacerse en el Congreso sin necesidad de gritos, pleitos ni descalificaciones personales; aunque aclaró desconocer si será un tema a tratar en el periodo extraordinario.
Pie de foto: El dictamen fue votado a favor de forma unánime por representantes del PRI, PAN, Nueva Alianza y PRD
