Uno de los sucesos más lamentables en la historia de los desastres naturales, ha sido sin duda el paso del huracán “Odile” por la península de Baja California y más allá de ese territorio.
No obstante su magnitud, fue mínima la cifra de víctimas mortales, pero los daños causados a miles de familias son incalculables, afectando tanto a ricos como a pobres, a propios como a extraños.
Sin embargo, el hecho nos revela una vez más, la impreparación que tenemos aún frente a cualquier contingencia. La realidad sobre la vulnerabilidad de millones de familias, pero a su vez, la capacidad solidaria de los mexicanos para enfrentar un problema a pesar de sus gobiernos.
Entre lo más reprobable que encontramos en un desastre como tal es la capitalización política que le dan algunos, valiéndose de la desgracia ajena frente al próximo año electoral y la desobligación de las autoridades para responder oportuna y eficazmente a las necesidades comunitarias.
Estoy seguro que gran parte de lo que vemos, leemos o escuchamos a través de los medios de comunicación, sesga una viva y dolorosa realidad que sólo se entiende por quien la padece.
Recuerdo una frase de Einstein que cita: la vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Y es que el desastre de Baja California, indudablemente tiene también una responsabilidad oficial que no se cumplió y derivó en una negligencia.
Los criticados saqueos a comercios sólo confirman que la población no fue preparada para que contara con las provisiones alimentarias suficientes. Por experiencia o también por instinto, los ciudadanos han sabido cómo defenderse. No conozco ciudad o pueblo mexicano en donde se capacite permanentemente a sus habitantes de cómo atender cualquier fenómeno natural.
Vamos a fondo: Enrique Peña Nieto nos dijo en su segundo Informe, que de enero a junio del presente año, apenas el 3.5 por ciento de las entidades federativas participaron en la homologación normativa de Protección Civil.
También, discretamente admite los inconvenientes porque hay estados que no cuentan con un Atlas de Riesgos que puedan fortalecer la prevención y atención en las contingencias.
Un dato preocupante que se observa, pero que tampoco se asimila, es que en el último año el 0.9 por ciento de las personas fueron damnificadas por fenómenos climáticos previsibles.
¿Y en este año que se ha hecho al respecto? Sólo se ha cumplido en un 10 por ciento la meta de atención con sesiones informativas y de trabajo impartido para la adopción y elaboración de planes de continuidad en materia de riesgos, a los operadores de los tres órdenes de gobierno.
Un dato también alarmante es que sólo se ha proporcionado información al 0.7 por ciento de los habitantes en zonas de riesgo a cargo de Protección Civil. Además, sólo se cumple una atención al 1.3 por ciento a comunidades vulnerables en cuanto a los fenómenos que resultan perturbadores.
En el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales se programó este año para todo el país un presupuesto -que por cierto se ejerce en la opacidad- de 21 mil 905.4 millones de pesos, esto es sólo 200 millones de pesos más que el 2013, aún sabiendo que la naturaleza reclama, con mayor costo, lo que en sí le pertenece.
En Aguascalientes, durante los últimos 15 años sólo se han ejercido 173.1 millones de pesos; en algunos casos han sido por frío o inundaciones atípicas y otros por sequías extremas.
Como habitantes de este país hemos sobrepasado los límites del medio ambiente. Está claro que los compromisos en torno al llamado cambio climático en México han sido sólo de programas para la pasarela y el “selfie” de los políticos.
Nuestras autoridades simplemente dejan una plena protección civil a los valores sobreentendidos. Al fin y al cabo, el pueblo es generoso y noble, y con su acopio logrará nuevamente que sus hermanos en desgracia se levanten y continúen aspirando a mejores niveles de bienestar.
