- Esfuerzo conjunto entre la Cofepris y la Profeco en la regulación de medicamentos
- Se tienen 170 sanciones por un monto total superior a los 25 millones de pesos
- Por primera vez la Profeco tiene la capacidad de monitorear la publicidad de medicamentos: Lorena Martínez
Aunque específicamente el tema de la regulación de medicamentos en México le corresponde a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Federal del Consumidor también entra en su regulación debido a que desde el año pasado se firmó un convenio de colaboración con la Comisión para dos principales efectos:
El primero hacia productos que no tienen registro sanitario, como los llamados “productos milagro”; y en segunda, para verificar caducidad en algunos establecimientos y publicidad en materia de medicamentos, “en el pasado la Procuraduría no tenía la capacidad técnica ni humana para sancionar y regular en esta materia”, manifestó la titular de Profeco, Lorena Martínez Rodríguez.
Actualmente se encuentran listos los primero cinco expedientes para imposición de sanciones junto con la Cofepris, siendo la primera vez en la historia que se hace tal acto; el apoyo consistió en que todo el sistema de monitoreo de publicidad que tiene la comisión se ampliara también para los que le corresponde a la Profeco, siendo una aportación en especie de aproximadamente un millón 200 mil pesos, “hoy nos permite que por primera vez la Profeco tenga la capacidad de monitorear la publicidad de medicamentos”, algo que no se había logrado pues sólo contaban con una camarita viejita y televisión en el rincón de una oficina, mientras que ahora se hace a través de un software que proporcionó la Cofepris.
Ambas dependencias federales se encuentran haciendo verificaciones en conjunto, iniciando con las trece aduanas que hay en el país para la identificación de productos de maquila extranjera, la cual se asocia a los “productos milagro”; los operativos consisten en evitar que todo ese producto que llega al país no se distribuya, pues una vez efectuada su comercialización es casi imposible localizarlo.
En estos operativos primero se decomisa la mercancía y se entrega a las aduanas porque la Procuraduría no tiene la facultad de decomisar, ellos la resguardan y luego la destruyen, después se les impone sanciones tanto a los proveedores y agentes aduanales como a las empresas que compraron la mercancía en México.
Hasta el momento se han registrado alrededor de 170 sanciones por un monto en suma de más de 25 millones de pesos, recursos que se cobra por los gobiernos estatales o municipales y forman parte de los estados mas no de la Profeco; aunque para la funcionaria federal, lo importante del operativo no es el dinero de la multa, sino que se trata de un instrumento que permite que el empresario corrija sus prácticas comerciales.
