- El marco legal exige revisiones a las unidades cada 6 meses por la Seguot pero no a los choferes
- Es urgente que se haga una revisión de todos los operadores para saber sus condiciones de salud, de edad y capacidades
Según el reporte entregado a la Comisión de Transporte Público del Congreso local, se están registrando un promedio de tres accidentes por semana, en los cuales intervienen choferes de camiones urbanos y taxis, lo cual es preocupante para las autoridades pues al ser vehículos públicos existen riesgos mayores de afectar a más ciudadanos.
Lourdes Dávila Castañeda, presidenta de dicha comisión, especificó un caso de dos menores fallecidos el pasado lunes a causa de un accidente entre un urbano y un taxi, en el cual aconsejó a las autoridades estatales no permitir que sigan en servicio hasta que se deslinden responsabilidades y se verifique que ambos están capacitados para continuar en este trabajo.
Hizo un llamado a los concesionarios y a la Dirección del Transporte Público de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot) a intensificar los procesos de capacitación de los choferes de todo el servicio de transporte, incluyendo a combis, taxi y camiones, “es urgente que se haga una revisión de todos los operadores para saber sus condiciones de salud, de edad y capacidades”, así como del conocimiento de la normatividad local de vialidad que deberían tener para trabajar en esta área.
Según la diputada, la ley marca que tiene que haber dos revisiones al año de las unidades y cada tres años cuando actualizan su licencia, la capacitación de los choferes, sin embargo, es un tiempo muy alejado para conocer la realidad en la que se trabaja sobre la unidad; dentro de un análisis que efectuará la legisladora junto con sus asesores incluirá la probabilidad de reformar el marco legal y exigir que la revisión al chofer sea al menos una vez al año, “hay muchos choferes que incluso están enfermos a causa del número de horas que permanecen sentados y no tienen los mismos reflejos en caso de accidente”, aunque sí se les aplica el alcoholímetro, las exigencias a estos prestadores de servicio público deberían de ser más estrictas.
El gran problema que tiene el estado en esta área es que ni la dirección correspondiente sabe hace cuánto fueron capacitados los operadores ni las condiciones reales en las que trabajan muchos de ellos; si bien la Seguot indica que el 97 por ciento del parque vehicular urbano cumplió con la revista de este año, las revisiones de quien las maneja no se han hecho, “no todo es el fierro, y de quien los maneja no están viendo su importancia”.
El artículo 985 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda establece como obligación del concesionario la renovación de las unidades según los años permitidos, que en su mayoría son 15, sin embargo, casi el 50 por ciento de la unidades están fuera de norma pues registran una antigüedad de 17 hasta 27 años de servicio, “hablando del fierro, hay urbanos que ya deberían de salir de circulación porque ya no responden y en efecto, causan accidentes”.
El artículo 987 del citado marco legal, indica que la inspección de las unidades del servicio público de transporte local es dividida en las diferentes fases, la primera llamada “revista”, en la cual se le presentan las unidades a la Seguot para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el otorgamiento de un servicio con comodidad y seguridad. Ésta debe ser semestral sin ningún permiso para no efectuarla.
La segunda trata de la supervisión permanente del servicio para que se verifique el cumplimiento de las disposiciones legales, incluyendo la inspección de las terminales y sitios de servicio, así como de las tarifas autorizadas. En ambas disposiciones se le da la facultad a la Dirección de Transporte Público para sancionar al concesionario en caso de incumplimiento.
