- Plantea Lourdes Dávila la adición de un párrafo al artículo 1092 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
- Los concesionarios también serían sancionados con el retiro del vehículo de 3 a 6 meses
Tras el aumento de accidentes de tránsito que han culminado en fallecimientos de menores de edad donde se involucran a choferes del transporte público, la presidenta de la Comisión de Transporte Público en el Congreso local, Lourdes Dávila Castañeda, presentará en un máximo de dos semanas una iniciativa de reforma al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el estado de Aguascalientes.
Aunque dicho marco legal fue recientemente reformado, es necesario revisar ciertos vacíos que se dejaron y que requiere su reforma por tratarse de un tema de gran sensibilidad para la población; la intención de la priista es adicionar un párrafo al artículo 1092, en el cual se habla sobre las sanciones en materia del transporte público ya que actualmente especifica casos de sanción cuando el chofer porta armas de fuego o por no regresar objetos olvidados en la unidad, asuntos que, para Dávila Castañeda, nunca se aplican en la realidad.
Entre las doce quejas diarias en promedio que recibe la dependencia encargada del área (Seguot), más del 60 por ciento son por exceso de velocidad y no respetar las leyes de vialidad; por ello se especificará como sanción, la pérdida de la licencia por un periodo mínimo de seis meses, cuando un chofer reciba un determinado número de quejas por ambas situaciones, y en caso de que se vea involucrado en un accidente vial por su imprudencia, le sea revocada de manera definitiva su permiso para manejar, “no podemos exponer a la gente a estar en manos de choferes que no son lo suficientemente responsables”.
Además, colocará un apartado donde se indique que el sancionado no sólo sea el chofer sino también el concesionario pues al final éste puede contratar a otro chofer y seguir generando los mismos problemas a terceros. La sanción sería encaminada al retiro de la unidad por un periodo de tres a seis meses cuando el vehículo participe en un accidente fatal causado por la imprudencia del chofer, esto con la finalidad de que el concesionario sea más responsable al contratar a un chofer y al determinar sus condiciones laborales pues en muchos de los casos los choferes se escudan en que su “jefe” le exige más de lo que pueden.
Adicionalmente de la iniciativa, la diputada buscará que con apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (ICTEA) se contemple la certificación en competencia laboral como requisito para los choferes del transporte público; este sistema ya fue implementado en otras entidades como Puebla con resultados favorables, tomando en cuenta que al profesionalizar a los choferes éstos toman su trabajo con mayor responsabilidad.
El tema iría más enfocado hacia el transporte de personal y escolar que son los que utilizan vehículos más antiguos, según sus datos, de 64 vehículos reportados ante la Seguot, utilizados como transporte de personal, 59 tienen más de 15 años, “están incumpliendo con el Código, pero la culpa la tienen las autoridades que se hacen de la vista gorda”, refiriéndose a los elementos de tránsito municipal -de todos los ayuntamientos- que observan el mal actuar de los choferes y el mal estado de los vehículos y no hacen las sanciones correspondientes, “su obligación es cero tolerancia a las conductas irregulares en tránsito”.
