- La falta de homologación de los sistemas de datos refuerza la incertidumbre de la sociedad
- Alerta Ámber y Alba no se están aplicando en el estado
Una de las grandes violencias que sufrimos como ciudadanía es no tener acceso a la información, y más cuando se trata de temas tan delicados como la no localización de una persona, pues cuando está desaparecida se pueden tener un sinfín de hipótesis sobre su paradero que agravan la problemática; para el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes es incoherente las diferencias en las cifras que tiene el sistema nacional, las que da el procurador del estado en sus entrevistas y las que presenta Transparencia.
La presidenta de dicho organismo no gubernamental, Mariana Ávila, subrayó la falta de homologación de los sistemas, lo cual hace permanente la incertidumbre por no saber cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños y niñas están desaparecidos, “es que no sólo son números, son personas que no están en su familia y que están sufriendo”; en la última cifra que el procurador presenta, no las desagrega pues temen a que la ciudadanía se entere que no están activando las Alertas oficiales que la Corte Interamericana obliga desde el 2012: Ámber y Alba
Hasta la fecha, el Observatorio tiene registrados seis datos de personas desaparecidas, al ser instalado, la primer cifra que les otorgó el procurador -sin datos desagregados- fue de 72 personas para este año y quedó pendiente de entregar la información desagregada, “de pronto nos enteramos vía Transparencia que el dato rebasa totalmente lo que pensamos, ahí presenta un promedio de cuatro personas desaparecidas por semana, entonces podemos demostrar que Aguascalientes no es el estado donde no pasa y donde hay seguridad total”.
Subrayó que en el estado están pasando cosas muy graves, la violencias se ha incrementado, sobre todo la de género, la brutalidad con la que se efectúan los crímenes contra las mujeres, la pobreza y todo tipo de abusos que se presentan a diario, aunque las organizaciones civiles han buscado en múltiples ocasiones trabajar coordinadamente con la Procuraduría General de Justicia, las respuestas de las autoridades han sido en cerrazón total.
Uno de los problemas base de la situación es que no se está activando la investigación inmediata como debería de ser y como la Corte Interamericana lo plantea para todo el país como obligatorio, independientemente de que la Alerta Ámber sea sólo para menores de edad como lo utiliza el gobierno estatal; Ávila recordó que existe otra alerta en México que tendría que aplicarse en Aguascalientes: la Alerta Alba. Esta dice por ley que dentro de las primeras 24 horas se deben movilizar todas las dependencias y cuerpos de seguridad pública para localizar a una persona, “si estamos hablando de 800 personas desaparecidas, nos queda claro que jamás se ha activado ninguna”.
La otra constante es que nunca se inicia la investigación dentro de las primeras horas de la denuncia, generalmente es a partir de la semana, además se les pide a los familiares que no se haga pública la desaparición y se realizan hipótesis desde las autoridades como: “seguramente se fue con el novio o porque ya se quería ir”, como si eso garantizara a sus familiares que la persona no está en condiciones de violencia e inseguridad.
La profesionalización y sensibilización de las autoridades que atienden este tipo de delitos es nula, en Aguascalientes no se tiene una capacitación ni profesionalización para quienes reciben a los familiares de personas desaparecidas, violentadas o asesinadas, “sin hacer juicios, la obligación de la procuraduría es investigar y es lo que no se está haciendo”.
Como sociedad puede ser más entendible pensar que estos hechos son a causa de una red de trata o crimen organizado, o en su caso de un asesino serial, sin embargo, la activista detalló que al menos en el estado nos enfrentamos a algo mucho más grave: una cultura de la violencia, “nos enfrentamos a un machismo generalizado e interiorizado en la mayoría de los hogares, por eso no encontramos perfiles del mismo tipo”, el cambio tiene que ser desde la educación, el gobierno, la familia y la propia sociedad.
Desde su perspectiva, el primer paso para resolver una problemática es identificar cuál es el problema, saber qué es lo que está sucediendo realmente, que las autoridades comprendan la importancia de mantener una transparencia en los datos para que la ciudadanía pueda actuar y ayudar, pues aunque la autoridad tiene la responsabilidad de investigar y procurar la justicia así como al acceso a la información, la sociedad también tiene su parte de responsabilidad.
La Alerta Alba nació en Ciudad Juárez en 1993 impulsada por organizaciones civiles para localizar a mujeres desaparecidas, consiste en alertar a todas las corporaciones policiacas al mismo tiempo para que actúen de manera coordinada. El protocolo consta de tres fases:
| 1 | La presentación de la denuncia y la toma de muestras de ADN para enseguida ingresar la información al banco de datos, lo que lleva entre una y dos horas. |
| 2 | Alertar a 17 dependencias municipales, estatales, federales e internacionales así como a ONG y medios de comunicación para buscar a las extraviadas con familiares, amigos, hospitales, servicios forenses, entre otros lugares. Cada parte debe rendir informes al Ministerio Público en 12 y 24 horas después de la denuncia. |
| 3 | Si la persona no es localizada en ese lapso: la indagatoria a partir de la presunción de un delito. |
Desde el 2012 es aplicada en México por obligación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en 2009 emitió una sentencia sobre ocho jóvenes encontradas sin vida en noviembre del 2001 en un campo algodonero.
La Alerta Ámber es un sistema de búsqueda implementado desde 1996 en varios países, incluyendo a México desde el 2012; el protocolo se emite al detectar que un niño, niña o adolescente es denunciado como desaparecido; ya que las primeras horas son vitales, esta alerta se activa inmediatamente al levantar la denuncia, comenzando con la divulgación en medios de comunicación, redes sociales, en todas las entidades federativas, organizaciones no gubernamentales, empresas de transporte y sociedad en general.
En ella se integra a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes se coordinarán con sus inmediatos estatales para enlazar información diaria.
“Que la indignación no se diluya en declaraciones, hay mucho por hacer en una sociedad que requiere una cultura y políticas públicas contra la violencia”, concluyó la activista.
