Proveedores pueden fijar precios antes de que se realice una licitación
Las legislaciones locales se alejan de las mejores prácticas internacionales: Cidac
En los países de Latinoamérica, las compras gubernamentales demandan entre el cinco y el 15 por ciento del Producto Interno Bruto. Dado el grosor del gasto, destaca el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), resulta necesario encontrar garantías para el correcto ejercicio del erario.
La organización publicó el Estudio Sobre el Combate a la Colusión en Compras Públicas en América Latina. Ahí destaca que en general, en el continente, “se permiten las ofertas conjuntas sin presentar una justificación o aprobación previa. Las ofertas conjuntas pueden presentar un gran riesgo de colusión. Esta es la mejor manera de dividirse los beneficios de una licitación entre dos empresas en lugar de competir entre ellas”.
El documento de 87 páginas destina varias al caso mexicano. De 14 evaluados, el país obtuvo el primer lugar en promoción de la competencia, el quinto en prevención de actos colusorios, el quinto en transparencia y el cuarto en discrecionalidad.
“Cabe mencionar que México, al tratarse de un estado federal, cuenta con estados que tienen sus propias leyes de compras públicas, y en muchos casos estas legislaciones estatales están muy lejos de las mejores prácticas internacionales”.
Los ordenamientos internacionales parecen llevarse las palmas, se apunta que éstos han sido constantemente reformados para evitar corrupción y colusión.
Uno de los puntos que el Cidac critica es que no se aprovecha al máximo la posibilidad de incluir empresas extranjeras en los procesos de licitación.
Se indica que los actores internacionales pueden introducir precios más competitivos y romper la tendencia en caso de que exista un sistema de colusión nacional entre los consorcios más poderosos.
La administración mexicana sólo licita con empresas cuyo país de origen haya formado un tratado de libre comercio en materia de compras gubernamentales.
Esta, se asegura, es una debilidad. Se añade que el gobierno practica una “discriminación positiva” hacia los proveedores nacionales, lo cual permite que fijen sus precios antes de que la licitación tenga lugar.
Exhibir el precio máximo que un gobierno está dispuesto a pagar es una más de las debilidades en México.
“Publicar los precios facilita a los oferentes un punto de referencia para elaborar su oferta, que podría no estar basada en sus costos, sino orientada a obtener el máximo beneficio que le permita ese límite”.
En el cuadrante de las amenazas se critica la convocatoria a juntas de aclaraciones, espacio donde si bien se busca eliminar las dudas que produce una licitación, también podrían permitir que los participantes tomen acuerdos no competitivos.
Las leyes están abiertas a la subcontratación, sin embargo, dice el Cidac, omiten “detalles importantes” como porcentajes de contratos y niveles de responsabilidad de los subcontratistas.
Bajo este esquema los subcontratistas pueden abstenerse de presentar proyectos de licitación.
Una de las oportunidades del sistema de compras mexicano radica en la proximidad institucional para evitar los actos de colusión empresarial.
“Los funcionarios de compras públicas son los primeros en tramitar la información de las empresas y los que tienen contacto con ellas. En este sentido, es muy importante incrementar la colaboración entre la autoridad de competencia y las dependencias y entidades públicas para denunciar los actos colusorios”.
