Diputados priistas violaron un pacto concerniente a la fiscalización pública - LJA Aguascalientes
23/01/2022

  • José Guadalupe López debió ser el primer revisor de Arturo Solano
  • Se negaron a poner en marcha la Unidad de Evaluación y Control del OSF

A principios de 2012 el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), acéfalo por varios meses, ocupaba buena parte de los espacios de discusión en la LXI Legislatura. La Comisión de Vigilancia, con Arturo Robles Aguilar a la cabeza, analizó los currículums de 17 aspirantes al puesto y terminó pronunciándose por una terna con Arturo Solano López, José Guadalupe López Ramírez y José Antonio Gutiérrez Barba.

A esa altura del proceso el voto de los 27 diputados estaba divido en proporciones similares. La fracción mayoritaria, del Revolucionario Institucional, con catorce curules, estaba al lado de Arturo Solano, quien a la postre resultaría electo. En cambio la oposición apoyaba a López Ramírez.

La votación no dejó lugar a dudas. Solano asumió con el respaldo de 23 legisladores. López Ramírez únicamente ganó dos simpatías.

La elección estuvo precedida por un pacto. Se apoyaría a Arturo Solano siempre y cuando la Unidad de Evaluación y Control -instancia pensada para la observancia del OSF- quedara en manos José Guadalupe López.

Miguel Ángel Juárez coordinaba entonces a la fracción tricolor. Tanto Juárez como su copartidario Kendor Macías, presidente de la mesa directiva del Congreso, aceptaron estos términos.

Algunos partícipes de tal negociación dijeron a este diario que el jefe de gabinete, Javier Aguilera García, instó al coordinador a imponerse a través de la mayoría parlamentaria. “¿Para qué son las mayorías?”.

José Guadalupe López no sólo fue relegado, sino que se llegó al punto de enviar la Unidad de Evaluación y Control a la congeladora, donde permanece en la actualidad.

Según la Ley de Fiscalización Superior del Estado dicha unidad debe verificar que el OSF cumpla con lo establecido en su plan anual de trabajo, además de recibir quejas por incumplimiento de funciones e iniciar investigaciones y promover sanciones contra los fiscalizadores cuando así resulte necesario.

La bancada priista nuevamente es mayoría. En su interior ya se trabaja una iniciativa de reforma para extinguir la Unidad de Evaluación y Control de manera definitiva, por considerar que empata funciones con la Comisión de Vigilancia.


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