Es verdaderamente espeluznante observar el costo que paga la población cuando una autoridad deja de cumplir su responsabilidad de conducción y gobierno. La desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, también ha generado consecuencias a la clase política de ese estado.
El origen de esta situación es producto de factores complejos y diversos, sólo expongo los más visibles. Bajo el pretexto de no contar con recursos suficientes, no se aplicaron los exámenes de confianza a los policías municipales y estatales, tampoco se contaba con recursos para despedir y pagar la liquidación de policías deshonestos, por lo tanto no se realizó una limpia en las corporaciones policiacas en el gobierno de Ángel Aguirre.
Tampoco se dio capacitación a los policías, ni se adquirieron vehículos e infraestructura para abordar con seriedad y empeño esta responsabilidad.
Todo esto se fue acumulando y se fueron incubando condiciones que fueron elevando cada vez más el nivel de riesgo de la población de Guerrero. Una autoridad que simula y que es permisiva con la delincuencia organizada, va sumando factores que dan como resultado un proceso de descomposición generalizada. Se pierde la división entre las instituciones del Estado y la estructura conformada por la delincuencia organizada.
¿Qué fue lo que pasó en Guerrero, que es la nota nacional y tiene en alerta a todo el país?
Como en el caso de casi todas normales rurales, los estudiantes junto a sus demandas secuestraron camiones, tomaron casetas y expusieron en la calle sus planteamientos y aspiraciones. ¿Pero qué tiene que ver esto con la delincuencia organizada? ¿Cuál sería el vínculo entre los estudiantes y los cárteles que operan en Guerrero?
Una de las hipótesis más fuertes que tiene la PGR es que los grupos de narcotraficantes que operan en Guerrero, se sintieron afectados junto con empresarios que se dedican a blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Consideran que un ambiente politizado por las demandas de los estudiantes, afectaría las actividades turísticas y económicas de la entidad.
Llegó a tal grado el proceso de descomposición, que el crimen organizado se fue apropiando de las estructuras del gobierno y fueron ellos los que dieron la orden de matar a los estudiantes. Las corporaciones policiacas obedecen más a los jefes de la delincuencia que a los mandos operativos de sus corporaciones.
En este ambiente fue como se inició la trayectoria política del Presidente municipal de Iguala, Luis Abarca, que es del PRD. Se dice que ya en funciones, mató personalmente a Arturo Hernández Cardona, un activista social que luchaba por demandas para los campesinos de la región, y que Luis Abarca, cuando era candidato, se incomodó porque le restaba presencia política.
Incluso los mismos miembros del PRD comentan que desde antes de ser Presidente municipal ya tenía nexos con la delincuencia organizada y cuando dio la orden de que mataran al activista, le dijo al policía que le diera el arma porque quería darse el gusto de matarlo personalmente y fue él quien tiró del gatillo. Ahora quiere dejar a su esposa en la Presidencia municipal de Iguala y aspira a ser diputado federal para mantener el fuero.
Hoy está prófugo, pero muy seguramente veremos en los próximos días el juicio de procedencia en el Congreso de Guerrero para desaforarlo e iniciar un juicio penal en su contra.
En el caso del Gobernador, su responsabilidad fundamental es haber sido omiso y dejar penetrar al crimen organizado en las instituciones del Estado. En el caso de Peña Nieto, tiene dos grandes responsabilidades: Una, dejar de lado a Guerrero. Mientras en Tamaulipas y Michoacán, y no se diga en Valle de Bravo, Estado de México, envía recursos y una gran cantidad de elementos de la policía y el Ejército, en el caso de Guerrero se convierte en un verdugo crítico y la razón no es la preocupación de las familias que perdieron a sus hijos, las razones son políticas.
Está claro que quiere desgastar al Gobernador perredista y en la elección del 2015 recuperar el estado para el PRI. La segunda responsabilidad es que la eficacia con la que se han resuelto los temas de seguridad, es mucho menor a la que dice el discurso.
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