El asesinato y la desaparición de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, se ha convertido en un fuerte indicador, no sólo de una forma de hacer gobierno, sino además, de la crisis a la que ha llegado esa forma de hacer gobierno; esos dolorosos hechos son resultantes que también se están mostrando, de manera intermitente, en muchos otros estados de la República Mexicana, y que en Guerrero, en esta ocasión, han tenido una importante repercusión a nivel nacional e internacional.
Considero que es una crisis de la forma de hacer gobierno, no porque haya ingobernabilidad en todo el país, o que la violencia que observamos sea generada por causas políticas; en cierta forma, la violencia generada por la delincuencia organizada y por los agentes gubernamentales coludidos con el narcotráfico, son, precisamente, expresiones de esta forma de hacer gobierno.
La colusión del presidente municipal de Iguala con la delincuencia organizada, puede considerarse un caso más que, por sus efectos críticos, comprueba la existencia de la narco-política y el narco-estado; son hechos que demuestran y comprueban la vinculación de actores de gobiernos, que aceptan participar en las instituciones políticas apoyados por estos grupos de delincuentes, a los que les devuelven el apoyo con diferentes modalidades.
Ya no podemos hablar de simple tolerancia o indiferencia de los gobernantes con los grupos de narcotraficantes, como pudo ser al inicio de la participación de políticos en estas acciones, hace ya décadas; hablamos ya, porque -repito- seguimos observando su comprobación, de la constitución de narco estados y narco gobiernos.
No obstante, cuando hablamos, de manera franca y abierta, de narco política, algunos gobernantes reaccionan negando tal cosa, y expresando horror de que tal circunstancia sea realidad en México; es, entonces, cuando observamos que, efectivamente, existen gobernantes que disocian los efectos de esa forma de hacer gobierno, de las causas que llevan a ello. Algunas de las explicaciones de que suceda tal disociación pueden ser, entre otras, o que -de plano- ese gobernante esté en el caso, o que al estarse beneficiando de ello tenga que negarlo, o que sea ingenuo y -aparentemente- no se da cuenta de lo que sucede.
Encontramos varios elementos indicadores de la práctica de la disociación que viven y aplican muchos gobernantes, no sólo en el campo de la narco política, sino también en algunos otros campos: en las noticias radiofónicas del viernes pasado, escuchamos que en los Estados Unidos fue considerado culpable de tráfico de sustancias prohibidas, el priista sonorense Rafael Humberto Celaya Valenzuela; también están siendo juzgados en cortes estadunidenses personajes lavadores de dinero ligados a gobernadores, como fue el caso de Tomás Yarrington; de los Estados Unidos seguimos conociendo noticias de fraudes, como el revelado por Citigroup en recientes días, en los que la autoridad mexicana, de manera inmediata, interpone denuncia en la PGR; conocemos que el gobierno priista de San Miguel de Allende se reservó información en cuanto a todos los permisos inmobiliarios que otorgó al empresario Germán Goyeneche Ortega, presunto operador financiero de Héctor Beltrán Leyva (LJ, 16 octubre); el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, afirma que el problema del narco gobierno se encuentra sólo en Iguala; en el estado de Michoacán se han mostrado a los presidentes municipales ligados al narcotráfico, y el actual gobernador afirma que el crimen organizado ya fue erradicado (LJ, 17 octubre); el periódico El Universal publica el 13 de octubre una investigación de José Guadarrama, quien encontró que en Guerrero operan 10 agrupaciones criminales, etcétera.
Los gobernantes, ante casos como los que estamos viviendo, afirman que aplicarán todo el peso de la ley a los responsables de los delitos, y consideran que las instituciones políticas del país están a prueba, y que encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos es un reto para el estado y es lo más importante en este momento. También conocemos de la propuesta del grupo de senadores panistas para la desaparición de poderes en Guerrero, o de la sugerencia del presidente nacional perredista de que el gobernador debe valorar si se retira del cargo, o de los senadores priistas de que el gobernador debe seguir en su puesto y resolver el grave problema.
Sin embargo, observamos realidades en el sentido de que no se aborda, precisamente, esa forma de hacer gobierno, sino que se desvía la acción hacia otros puntos; motivo por el que salga o no Aguirre, la narco política y el narco gobierno siguen adelante. Los esquemas gubernamentales de corrupción siguen siendo los mismos: recordemos el triste caso del hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que fue citado y secuestrado por policías municipales, para después ser entregado a los delincuentes. Y como este caso y el de los estudiantes de Ayotzinapa, se han repetido muchos más en otros estados de la República.
Es momento, por lo tanto, de que se aborde la crisis de la forma de hacer gobierno, desde sus elementos conductuales; es decir, es necesario pasar de los ‘asombros y las cejas levantadas’ del ‘aquí no pasa nada de eso’, a la remediación efectiva de las conductas de corrupción. Cierto, es una crisis que no colapsa el funcionamiento de los aparatos de estado, ya que los gobiernos que están ligados con el narcotráfico, siguen funcionando y prestando los servicios públicos a los ciudadanos. Un problema de fondo es que los ciudadanos tienen gobiernos de baja calidad, sin justicia y con impunidad, que sólo están beneficiando a grupos pequeños de ciudadanos, y que esas economías están siendo mermadas y van a los cierres de empresas.
Sin ‘desgarres de vestiduras’, es importante tomar conciencia de que los efectos de esa forma de hacer gobierno están causando graves y dolorosos problemas a la sociedad; finalmente, debemos caer en la cuenta de que la política y el gobierno sí pueden ser de servicio a los ciudadanos, y que los partidos políticos, seguramente, sí cuentan entre sus filas con buenos gobernantes.
