Se suele definir lo sustentable en materia ambiental como aquello que involucra de manera virtuosa a la sociedad, a la economía y al medio ambiente. Coloquialmente se podría definir la sustentabilidad como la capacidad de lograr progreso económico explotando los recursos naturales de una manera sostenible, es decir, sin comprometer su viabilidad futura.
El artículo 25 constitucional la define más o menos así: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución…”
Pero quizá sea por nuestra relativamente corta experiencia en legislación y gestión pública en materia ambiental la razón por la que se generan algunas dificultades en el análisis del derecho al medio ambiente, por lo que no es muy difícil caer en discursos huecos, demagógicos y circulares, así como cuestiones obvias y sabidas. Es claro, por ejemplo, que poner plantas en los techos de algunos edificios públicos es mejor que no hacer nada, pero desde luego que así no se hacen techos verdes, y mucho menos política pública en materia medioambiental. Y ciertamente que tampoco ayuda mucho poner pasto artificial en los camellones para no gastar en agua ni en mantenimiento de las áreas verdes.
Pero si es el caso que el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental le costaron a México más o menos el (7.8% del PIB) en los últimos años según diversas fuentes. Así, se estima que el daño ambiental ocasiona un gasto aproximado de 11 de cada 100 pesos producidos en México.
De modo que se podría hablar también, y sin ningún género de duda, de una crisis ambiental en México sumada a la evidente crisis política, económica e institucional que sitúa al país en casi todos los indicadores reseñados, a la cola de los 34 países de la OCDE.
En el tema de los recursos hídricos, por ejemplo, aproximadamente 100 de los más o menos 653 acuíferos en el país están sobreexplotados, y 75% de las 718 cuencas hidrográficas están contaminadas.
Así, se calcula que México perdió durante los pasados 50 años más o menos un 34% de su cobertura de bosques y selvas. Dos mil 557 especies animales o vegetales están en alguna categoría de riesgo (peligro de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial). Por su parte, el aumento de la contaminación automotriz, derivado del consiguiente aumento de la flota vehicular, la falta de actualización y estandarización de las normas que establecen los máximos permisibles de contaminantes para vehículos nuevos vendidos en México y el alto contenido de azufre en todos los combustibles fósiles, por lo demás evitable con un poco de voluntad política que hasta ahora brilla notoriamente por su ausencia; son responsables de la mala calidad del aire en México, que se asocia con la pérdida de 14 mil vidas al año de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Además, México es muy vulnerable al cambio climático, lo que pone en riesgo más o menos un 15% de su territorio, un 65% de la población y aproximadamente el 70% del PIB.
Hacer propuestas y compromisos ciudadanos que empujen a la acción colectiva y pública, sean quienes sean los candidatos y cargos electos en los siguientes procesos electorales federales o locales, es crucial y estratégico para que Aguascalientes y la región donde se asienta caminen hacia un desarrollo sustentable más cierto y menos politiquero; un desarrollo que armonice prioridades sociales, económicas y ambientales y que promueva como sus grandes ejes la seguridad social, alimentaria, hídrica y energética. La política ambiental tiene que ser transversal a toda la administración pública federal, local y municipal. Se puede y se debe construir una agenda ambiental ciudadana viable para Aguascalientes que hace mucha falta.
@efpasillas
