- Aún hay 17 policías que presentaron demanda laboral contra el municipio
- El exsecretario de Seguridad Pública municipal fue señalado en el 2011 por nexos con el crimen organizado
Concluyó el caso de Benjamín Andrade, exsecretario de Seguridad Pública municipal que en el 2011 fuera vinculado con el crimen organizado, razón por la cual fue separado de su cargo y quien pedía al ayuntamiento su reinstalación luego de ser liberado por no encontrarse culpable, después de una negociación aceptó la liquidación por aproximadamente 150 mil pesos, equivalente a tres meses de sueldo, así como su jubilación.
En entrevista con Manuel Cortina Reynoso, secretario del ayuntamiento, comentó que ya no hay más relación laboral con el municipio, ya que a través de un diálogo se logró que desistiera de su reinstalación, “todo está arreglado y se resolvió bien”, sin embargo, en el caso de otros 17 policías que estaban en la misma situación que el exsecretario de Seguridad Pública, aún no se tiene respuesta.
Jesús Alberto Rodríguez Flores, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que los 17 elementos ya presentaron una demanda laboral en contra del municipio, quienes además de una indemnización piden regresar a Seguridad Pública, cosa que no es posible, ya que de acuerdo al reglamento, la Constitución Local y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, una vez dados de baja no pueden ser reinstalados en esa dependencia.
En el caso de que llegasen a ganar la demanda laboral tendían que pagar lo que la Sala determine o su reinstalación, aunque no podría ser dentro de Seguridad Pública, “lo que sucede es que al momento en que se dan de baja ya se consideran fuera de la corporación, lo que se estipula es que se da aviso al Secretariado y automáticamente quedan fuera de cualquier corporación”, por lo que si ellos llegasen a solicitar darse de alta en cualquier parte del país como policías, no podrían hacerlo.
Dentro de la Comisión de Seguridad Pública están a la espera de la resolución del juicio, “ellos están en derecho de ejercer cualquier acción”, en el caso de que se les tuvieran que pagar los salarios caídos, los montos por cada expolicía van desde 175 mil, 250 mil hasta 400 mil pesos, en el caso de las personas que tenían un rango alto como comandantes. En total por los 17 afectados el municipio tendría que pagar 3 millones de pesos por los 2 años y medio que han transcurrido, por lo que en este momento el municipio ya debería estar contestando las demandas interpuestas.
