- Comisión Estatal de Derechos Humanos y titulares de Seguridad Pública indiferentes ante las denuncias ciudadanas
- El que autoridades municipales y estatales agredan los derechos del ciudadano es mayormente condenable
Aunque Cuauhtémoc Escobedo Tejada no forma parte de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública, lamenta que las corporaciones tanto municipales como estatales no cuenten con un protocolo de actuación, lo que los ha llevado a ejercer su poder sin límites, violentando las garantías individuales de los ciudadanos.
“Es terrible que autoridades como ellos atenten a los derechos humanos de los ciudadanos, por eso no hay confianza de la población en las corporaciones de justicia”, ésto es un efecto de contar con mecanismo arcaicos para otorgar seguridad pública a los ciudadanos, pues por portar un uniforme y charola de policía se sienten amparados contra todo, siendo fácil para ellos actuar por encima de la integridad de las personas.
Desde hace varios meses, se había dialogado con las autoridades judiciales del municipio capital sobre la urgencia de la instalación de protocolos de actuación, sobre todo en situaciones de riesgo donde el sospechoso se trata de una personas con alguna enfermedad o discapacidad, “hay claros ejemplos de que no saben cómo actuar cuando detienen a una mujer, a un anciano o a una personas con capacidades diferentes, hay tantas violaciones a sus derechos humanos y poca respuesta de los jefes”.
Como representantes populares en el Congreso, Escobedo Tejada hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y de Justicia, a analizar el tema y exhortar a las autoridades municipales y estatales a que comiencen a desarrollar un protocolo de actuación para los diferentes casos que se presenten, puesto que los policías, ministerios públicos y hasta los jueces, no pueden seguir trabajando y actuando bajo su libre albedrío.
Además de la ausencia de protocolos de actuación, el diputado destacó el poco interés de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de los titulares de las Secretaría de Seguridad Pública, ante las denuncias ciudadanas de abuso de poder, “no hay ninguna garantía ni confianza de que las denuncias sean atendidas y los agresores castigados”.
Hasta la fecha se han presentado escasas sanciones a quienes han sido ubicados como agresores de los derechos humanos, “desgraciadamente todo se queda en declaraciones verbales ante los medios de comunicación”, e incluso en la aceptación de algunas autoridades como el presidente municipal que ya aceptó que todavía hay abusos de autoridad de sus elementos de seguridad pública, pero no se hace nada para erradicarlo.
Los regidores deberían de implementar un protocolo de actuación homologado como el que se utiliza en todo el país, agregándose normas para que aquél que no siga el protocolo pueda ser sancionado con toda la ley y el Código Interno de la corporación policiaca, y con la autoridad competente como la Procuraduría General de Justicia.
Para que la situación cambie en el estado y en todos sus ayuntamientos, deben aplicarse sanciones contundentes, atacando directamente a la impunidad que afecta el área de la impartición de justicia, pues la gravedad del asunto, es que se trata de afectaciones a los derechos humanos de un ciudadano por una autoridad, lo cual desde la perspectiva del perredista, es mayormente condenable.
