Por: Sylvia Garfias
Cómo entender y explicar… Si en la óptica gubernamental Aguascalientes se ha convertido en el paraíso mexicano, en una entidad a la que llegó “EL PROGRESO”, con inversiones históricas, sede de la reunión de CONAGO, atractivo de inversiones internacionales, que cuenta con gobernabilidad y un largo etcétera de “argumentos” para justificar el medio andar en los últimos cuatro años, que hoy el formato del “Día del Gobernador” haya quedado atrás.
¿Pasará, entonces, lo mismo para el quinto y el último informe? ¿Quedarán atrás los actos de relumbrón que caracterizaron los tres primeros años en los que la presunción desde la oficina de comunicación habría sido el desfiladero de personalidades que acompañaron y asistieron a los eventos? ¿Quedará atrás esa costumbre de convocar a líderes del sector académico, social, político y empresarial?
Sinceramente no lo creo así. Tengo la impresión de que lo ocurrido en estas últimas semanas puede entrar en el “apartado” de los “resbalones” y explicaré por qué.
Hace unos meses logramos construir en el Congreso del Estado una mesa de análisis, discusión y búsqueda de acuerdos de cara a la reforma constitucional en materia electoral para el estado de Aguascalientes. Eran necesarios al menos 18 votos, lo que obligó a la fuerza mayoritaria a acordar y sumar propuestas.
Justo en esa reforma, en la que se incluyeron algunos cambios y modificaciones al calendario electoral, en aras de la armonización con la disposición federal. Así pues, se establecieron también nuevas fechas para la instalación de las siguientes legislaturas, alcaldías y desde luego plazos en las gubernaturas.
Evidentemente como la retroactividad no aplica para las actuales administraciones estatales y municipales, así como quienes actualmente fungimos como diputados, fue necesario determinar los ajustes en artículos transitorios.
Sin embargo, derivado precisamente de estas modificaciones, las fechas para la entrega, que de manera obligatoria tiene que rendir el titular del Poder Ejecutivo al Legislativo se estableció con plazo fatal, es decir a más tardar el 15 de octubre de cada año.
Sorpresivamente quienes forman parte del cuerpo de asesores tanto del Ejecutivo, como de la bancada priista, que dicho sea de paso, son los mismos que se han “instalado” en áreas como servicios parlamentarios, secretaría general, servicios administrativos, entre otros; no repararon que la fecha para la entrega del informe era obligatoria a partir de que entró en vigor la reforma constitucional, -tal vez creyeron que eso sería a partir de la siguiente administración-.
Así pues, hace algunos días realicé llamadas para preguntar la fecha tanto del evento protocolario y obligatorio por ley, como del acto político.
Coincidieron algunos personajes en responderme que era muy pronto para saber la fecha exacta, que al regreso del viaje por Japón se anunciarían los resultados en el marco del informe.
Debe saber, amable lector@, que fui determinante en pedir que revisaran las obligaciones establecidas en la legislación y que claramente marcan el 15 de octubre como fecha límite para la entrega de dicho informe sobre el estado que guarda la administración estatal.
Transcurrieron algunos días para que actores políticos, los mismos que me habrían asegurado que el actual titular del Ejecutivo no estaba obligado en el plazo referido, reconocieran que efectivamente la reforma constitucional les aplica.
Tiempo para convocar y organizar el evento, ya no hubo. Si estoy equivocada, seguramente el próximo año y el último de la administración actual, tampoco habrá evento político que convoque a escuchar los “avances”. Al tiempo.
