- Ningún partido político del país está exento de agravios contra la ciudadanía
- Diputados locales se tundieron con las pifias de sus propios partidos
Algunos diputados de la LXII Legislatura hicieron un llamado a permitir que sea la sociedad civil quien busque rutas para resolver el agravio causado por la desaparición de 43 normalistas, el pasado 26 de septiembre, a manos de la policía municipal de Iguala. Sin embargo, la polémica y las acusaciones comenzaron a estallar cuando Mario Álvarez Michaus aludió a las “múltiples manifestaciones de indignación” que el caso ha suscitado tanto en redes sociales como en las calles de todo el país.
“Hay una autoridad inerte y sin rumbo. Una vez más la sociedad y su rápida movilización obligó a este gobierno rebasado a emprender acciones que más que convencer han encendido la ira de quienes claman evitar el dolor evitable”, indicó el panista. Además habló sobre el viaje de la pareja presidencial a China, y acerca de la “descarada mansión” de Angélica Rivera de Peña, cuyo costo, según valuadores, supera los 85 millones de pesos.
El primero en responder fue Jesús Rangel de Lira, del Partido del Trabajo. Dejó su sitio en la mesa directiva de la diputación para señalar que los panistas no podían comentar sobre violencia después del trágico sexenio de Felipe Calderón: “Esperaba que no hubiera evidentes signos de querer capitalizar políticamente algo a favor de un partido político o de una expresión. Me parece que es aberrante. Los asesinatos de militares contra civiles en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas guerrerenses fueron calificados como situaciones indignantes y pero benéficas para la conciencia. Lo que vivimos ahorita viene de una secuencia de hechos también del pasado. El gobierno de Felipe Calderón es un ejemplo claro de impunidad, no se puede pretender que haya borrón y cuenta nueva. ¿O que no se va a investigar la masacre de los 72 hondureños en San Fernando, Tamaulipas? ¿Los feminicidios y las masacres de Ciudad Juárez, Torreón, Tijuana, la Guardería ABC, los 70 mil muertos y los 25 mil desaparecidos”. La contabilidad de agravios al país, dijo Rangel, no puede reducirse a lo ocurrido en Iguala.
El coordinador de los perredistas, Cuauhtémoc Escobedo, apuntó enseguida que no sólo hay pendientes del sexenio calderonista, pues el peñista arrastra una tumba colectiva encontrada en Durango: “No se nos olvida lo que está pasando en Ecatepec con tantas muertes de mujeres que avientan al río de aguas negras. No es hora de dar culpas, la crisis es responsabilidad de todos. Si quieren que hablemos de colores por supuesto que el PRI tiene su responsabilidad por lo que ya mencioné, el PAN, en doce años de ejercicio tuvo su responsabilidad, y los partidos de izquierda que gobiernan en Guerrero y en Iguala también tienen responsabilidad”. Mencionó que dadas las múltiples manifestaciones públicas al Congreso le correspondía establecer mecanismos de respaldo.
Juan Antonio Esparza Alonso ofreció el posicionamiento del grupo parlamentario priista: “Vivos se los llevaron y que vivos los regresen. Se los llevaron en un municipio gobernado por un color (PRD). Todos debemos empezar a asumir responsabilidades y empezar a trabajar por una Patria que recupere el valor de las instituciones”.
El “atroz acto” de Iguala, añadió, fue “desatado por las actuaciones irresponsables de gobiernos municipales faltos de sensibilidad a las expresiones y manifestaciones de los normalistas. Exigimos que se realicen las investigaciones conducentes y se aplique la ley pronta y expedita”.
“Hay desaparecidos, sí, como los hubo en su momento, 26 mil 121 durante el periodo de Calderón. Los lujos de Martita, todos somos responsables, pongámonos a ver hacia adelante y a impulsar acciones que vengan a fortalecer las instituciones”.
La concurrencia era poca en el salón Soberana Convención Revolucionaria, sin embargo, los presentes vitoreaban al diputado de su partido. Oswaldo Rodríguez subió a tribuna por conducto de Movimiento Ciudadano para exponer las dificultades que supone un tema de seguridad nacional: “No debemos politizar una justa demanda ciudadana. Ningún partido tiene derecho de abanderar esta justa causa, dejemos que sean los ciudadanos organizados, maestros y jóvenes organizados, como hasta hoy lo han hecho quienes mantienen estas marchas”.
“No arrebatemos la bandera de un problema que causaron los políticos en otros estados, este movimiento no nos pertenece, este movimiento debe seguir siendo meramente ciudadano. Desde esta tribuna hago un llamado a toda la clase política del estado a que estemos en calma y en respeto al derecho ajeno”.
Mario Álvarez regresó a tribuna completamente vestido de negro para apuntar que a nadie favorecía el silencio. Preguntó si a nadie le irritaba la mansión de 85 millones de pesos y el cansancio que en días pasados confesara el procurador general de la República.
