- Lamentan cerrazón al diálogo de la PGJ hacia las organizaciones civiles y familiares de desaparecidos
- La presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes fue retirada de la comparecencia de Felipe Muñoz Vázquez
Tras haberse presentado en la comparecencia del procurador general de Justicia en las instalaciones del Congreso local como representante de la sociedad civil, la presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila lamentó la respuesta de las autoridades haciéndola que se retirara del lugar, “la intención nunca fue crear controversia, sólo queremos hablar con el procurador”, la activista desconoció los nombres de las personas que la “invitaron a salir” pero señaló haber sido tres hombres, uno proveniente de la Procuraduría y los demás del Congreso.
A pesar de que hasta el momento el Observatorio está cobijado por varios grupos organizados de la sociedad civil e instituciones, se encuentra preocupada por la falta de interés de algunos legisladores, tomando en cuenta que a la invitación del Foro de Recomendaciones para Protocolos de Actuación del Ministerio Público con Perspectiva de Género, del pasado miércoles, sólo asistieron Sylvia Garfias, Mario Álvarez Michaus, el asesor de María de los Ángeles Aguilera y Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien consiguió el espacio, ya que la organización tenía casi dos meses solicitando el vestíbulo del Congreso sin respuesta favorable.
“Nos preocupa la respuesta y el cerrar puertas a las familias de las personas desaparecidas, porque en su comparecencia dijo que la Procuraduría siempre tiene las puertas abiertas a los familiares, pero la realidad es otra”, a pesar de que el funcionario indicó estar constantemente informando a las familias sobre el procedimiento de las investigaciones, el Observatorio ha corroborado que llegan a pasar semanas y meses sin que la Procuraduría se ponga en contacto con las familias.
Ávila dejó en claro que las organizaciones y las familias no saben quién es Felipe Muñoz y no tienen intención alguna de afectar ni atacar a su persona, “él es un servidor, tiene responsabilidades y eso es lo que cuestionamos, que no las cumple, dice que no deben esperar ni 24 ni 48 horas para comenzar una investigación, pero la realidad es que sí se les piden a los familiares que se esperen al menos 24 horas”, aquí no se trata de quién miente y quién dice la verdad, sino de cómo están dando respuesta a una problemática donde no deben tener cabida los intereses personales ni políticos, sino el estricto apego a las responsabilidades que por ley se tiene.
La activista también reclama que no se están siguiendo los protocolos que la Corte Interamericana dicta al Estado mexicano; el que ahora salga con la presentación de algunos documentos que confirman ciertos protocolos pero que no han sido publicados es de gran preocupación, puesto que puede caer en malas interpretaciones de que “sólo los presentó para lavarse las manos en su comparecencia”.
Existe una gran necesidad de que esos protocolos bien realizados se publiquen para que la ciudadanía sepa cuáles son los pasos y cómo se deben de seguir, a partir de que se presenta la denuncia de la desaparición de una persona.
