- Aunque fue un proceso de mala calidad tuvo un resultado satisfactorio: Edgar Cortez Morales
- Más que facultades, la CNDH y los estados requieren utilizar las facultades que tienen, consideró Cortez Morales.
Según consideró Edgar Cortez Morales, activista y defensor de los derechos humanos, y miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; la reciente designación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del Senado de la República, incumplió con la normativa establecida, que obliga, desde la reforma de 2011, a realizar una consulta pública y transparente, en la que se involucre la población, así como las organizaciones de la sociedad civil.
Estableció que aunque el proceso fue de mala calidad, tuvo un resultado razonable, al señalar que el nuevo ombudsman nacional, Raúl González Pérez, tiene conocimiento en materia de derechos humanos, y con su trayectoria, añadió, abre la expectativa de un posible cambio en la CNDH, mismo que dijo, no va a suceder si la sociedad no le exige resultados y el Senado corrige las deficiencias.
Cortez Morales destacó que cuando se pensó en la posible reelección del expresidente de la CNDH, Raúl Plascencia, el Senado no contaba con los elementos suficientes para determinarlo, ya que la información que tenían los legisladores había sido emitida por organismos de la sociedad civil como Amnistía Internacional, entre otros, lo cual les impedía realizar una evaluación eficiente de su gestión.
Dicha situación, advirtió, obliga a que el Senado tenga que generar un mecanismo que dé seguimiento y evalúe el desempeño de la institución, por lo que manifestó “toda aquella institución que no sea vigilada por los ciudadanos y otros actores del Estado, puede ir en un rumbo que a nadie le conviene”.
Además aseguró que actualmente la CNDH cuenta con importantes facultades que no han sido aprovechadas, no sólo en lo relativo a la emisión de recomendaciones, sino como instancia investigadora de casos de violación de derechos humanos, acciones en materia de prevención de tortura al interior de las cárceles y la implementación de la convención de los derechos para personas con discapacidad.
El investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia sentenció que el debate no sólo debe centrarse en la propuesta de hacer vinculatoria la adopción de las recomendaciones, sino fortalecer a la propia Comisión Nacional y las estatales con las competencias que desconocen y pueden utilizar.
