La impunidad no es una cualidad del pueblo, sino de sus gobernantes. Las leyes deberían de sancionar severamente los abusos que comenten los servidores públicos en México, quienes andan más desatados que nunca y, aliados con las mafias más violentas del mundo, abusan de su poder en todo el país en perjuicio de los ciudadanos. Los hombres y mujeres a cargo del gobierno de la República, gobernadores y sus gabinetes, los presidentes municipales y sus cuerpos de policía, están hoy en el banquillo de los acusados.
El discurso presidencial de que el problema de México radica en una arraigada cultura de la corrupción me parece insuficiente. Las conductas de corrupción de los poderosos no son privativas de México, existen entre los estadounidenses, chinos, portugueses y franceses. La corrupción representa las ambiciones insaciables de los hombres del poder y el deber del Estado consiste en sancionar tales conductas aplicando estrictamente la Ley, esto significa combatir la impunidad.
Debido a la impunidad que se oculta detrás de las más altas esferas del Gobierno de la República, de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, nuestro actual sistema de Justicia se ha corrompido. El Ministerio Público, los jueces y magistrados, también hacen de las suyas a sabiendas de que la impunidad priva en las altas esferas del poder.
El delito de Peculado a pesar de su gravedad, no se sanciona con cárcel. Los servidores públicos cometen este delito al disponer, para su propio beneficio, del poder represivo del Estado y el erario público. La norma penal vigente clasifica al delito de Peculado como “delito no grave con derecho a fianza”, por tal causa, miles de gobernantes corruptos y asesinos se ufanan exhibiendo su impunidad.
El viejo discurso del Sistema Nacional Anticorrupción ha vuelto a las páginas de los diarios y noticieros nacionales. Es uno de los temas olvidados en la agenda política de reformas del Gobierno de la República. Los senadores y diputados del Congreso de la Unión mantuvieron congelada esta Iniciativa desde el inicio de la gestión presidencial, a pesar de contar con un proyecto consensado en la materia.
El presidente José López Portillo, calificado como uno de los más cínicos gobernantes de México, postuló que “la corrupción somos todos”. El presidente Miguel de la Madrid, propuso “la Renovación Moral de la Sociedad”. Carlos Salinas de Gortari abrió la puerta a la impunidad y al homicidio como método de solución de conflictos y control de daños. Zedillo fracasó en su intento por encarcelar a los asesinos de Colosio. El neopanista Vicente Fox no ocultó sus alianzas con los marihuaneros. Felipe Calderón “declaró la guerra a los narcos” y validó la desaparición forzada. Hoy, el gabinete de Peña Nieto pretende combatir la corrupción quitando facultades de policía a los municipios y concentrando en la Federación, el poder represivo del Estado, y se olvida de encarcelar a los gobernadores y alcaldes corruptos.
La impunidad que caracteriza a muchos de los gobernantes en México parecía haber quedado en el olvido hasta que la patria se escandalizó por la extraña desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que ahora sabemos fueron secuestrados y desaparecidos por órdenes del presidente municipal de Iguala con la complicidad de autoridades estatales y nacionales, entre otros, el gobernador del estado Ángel Aguirre, quien terminó por renunciar a su cargo ante las graves acusaciones que pesan sobre varios miembros de su gabinete y sobre él mismo.
El presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad hoy están contra la pared. El sistema de seguridad del Estado mexicano está cuestionado y ha sido catalogado por el presidente de Uruguay como “una especie de Estado fallido”. La solución propuesta por el Gobierno Federal consiste en retirar facultades de seguridad pública a los municipios del país.
Para intentar acallar las voces extremas e inconformes, el Gobierno de la República anuncia que enviará al Congreso de la Unión una reforma en materia de combate a la corrupción, que contempla, entre otros aspectos relevantes, una nueva redacción a los artículos 21 y 115 fracción III, inciso H, y la fracción IV incisos A) y C), y la fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir de esta semana conoceremos cómo pretende la Federación resolver el asunto de seguridad pública y combatir la corrupción que asfixia a los gobiernos constituidos. En principio, ha propuesto atraer las facultades de policía que por ahora corresponden a los ayuntamientos. Esta medida, aunque parece interesante, difícilmente reducirá la corrupción natural de todos los hombres que gozan de Poder, en todo caso, sólo concentrará la corrupción en los mandos de la policía única, Gobierno Federal y gobiernos estatales.
Combatir la impunidad aplicando la Ley estrictamente es la solución, señor presidente Peña.
