- Dos mil 500 asuntos al año recibe la mediación del Supremo Tribunal de Justicia
Se pone en marcha el Centro de Mediación del Poder Judicial, proyectado hace ocho años, fue impulsado y consolidado por la gestión de Fernando González de Luna, e inaugurado ayer por Juan Manuel Ponce Sánchez.
A mediados de marzo del año pasado, se presupuestó dos millones 424 mil 855 pesos para la construcción de la primera etapa del edificio: Una ludoteca, 17 salas de mediación, salas de juntas, servicios y estacionamiento. Atenderá conflictos familiares, de convivencia y convenios; casos civiles y mercantiles, también los de carácter penal, como daños, lesiones y delitos no graves.
Ayer, el gobernador Carlos Lozano de la Torre abanderó a las mediadoras que se harán cargo del Centro de Mediación del Poder Judicial. En el presídium: el secretario de gobierno, Sergio Reynoso Talamantes; el jefe del Gabinete, Javier Aguilera; el secretario de Infraestructura, Miguel Angel Romero Navarro; todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; y el coordinador de asesores del Gobierno del Estado, el general Eduardo Bahena Pineda.
La directora de Capacitación, Janet Lilian Santillán González, dijo que la construcción del CMPJ fue un proyecto que tuvo una duración de ocho años en consolidarse al servicio de la paz, y está destinado a resolver los problemas de la sociedad, porque, subrayó: “No se nos ha enseñado, ni hemos aprendido, a resolver los conflictos de forma pacífica, pero los conflictos no son del todo negativos, son también oportunidades cuando la comunicación se convierte en la llave de todo conflicto”.
Dos mil 500 asuntos al año recibe la mediación del Supremo Tribunal de Justicia, precisó la funcionaria, al resaltar que la mediación se practica bajo el principio del ganar-ganar, donde no hay vencedores ni vencidos y donde se privilegia la justicia restaurativa, en contra de la opresiva. Mientras que el magistrado Fernando González de Luna recordó que de acuerdo al artículo 17, párrafo tercero, el concepto de la reparación del daño se consagró por vez primera en la Constitución de 1824, ahora más necesaria cuando las cargas de trabajo vuelven a la justicia más lenta y en ocasiones más costosa.
