La trayectoria de un político, no sólo puede, sino debe fincarse en los resultados acreditados en sus distintos cargos ejercidos, pero más aún en el compromiso diario de mostrar su liderazgo con hechos y acciones que fragüen la solidez de su desempeño partidista, público y social.
Un tema recurrente en la agenda política de nuestro país es el interés de fortalecer el proceso de transparencia y de rendición de cuentas con la convicción de que cualquier sistema democrático debe contar con instrumentos que le permitan ejercer cabalmente el control sobre su ejercicio público.
La rendición de cuentas constituye un elemento central de las democracias representativas modernas. Controla el abuso del poder y garantiza que cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como sus representantes.
En México, en la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada vez es mayor la demanda ciudadana por información comprobable del ejercicio público, tanto de sus recursos como de los resultados de su gestión. Los ciudadanos demandan que hoy no podemos considerarlo sino como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para sus representantes.
Actualmente, rendición de cuentas es un término escuchado en cualquier discurso político o programa de gobierno supuestamente prioritario para los gobernantes.. Muchas secretarías gubernamentales y organismos descentralizados han diseñado programas de transparencia y rendición de cuentas con atención canalizada mediante enlaces previamente facultados y de hecho se cuenta con una legislación de acceso a la información para facilitar la vigilancia de los gobernantes.
Al paso de transiciones políticas, México cuenta ya con una democracia electoral que da el triunfo a quien lo obtiene en las urnas. Tantos años dedicamos para conseguir que los votos se contaran con transparencia, que descuidamos otros aspectos centrales de la democracia representativa, el más importante de los cuales es cómo garantizar que los gobernantes y representantes públicos electos democráticamente cumplan íntegramente su mandato.
La reciente Reforma Político-Electoral aprobada contempla el cambio de régimen de gobierno facultando la creación de gobiernos de coalición, reforzando la participación de las cámaras en la ratificación del gabinete y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (Diputados) y Estrategia Nacional de Seguridad (Senadores), se dota de autonomía a la Fiscalía General la República que sustituye a la Procuraduría General de la República, así como al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social; establece la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales; el Instituto Federal Electoral se transforma en Instituto Nacional Electoral, con la facultad adicional de participar en las elecciones locales; se anula la elección si algún candidato rebasa los topes de campaña en un 5% o más del monto total autorizado y se fomenta la participación ciudadana con la paridad de género de candidaturas de los partidos políticos (50% hombres y 50% mujeres) y las candidaturas independientes.
Paradójicamente nos damos cuenta que después de alcanzar la alternancia y la competitividad entre partidos, la responsabilidad y responsividad de gobernantes, representantes populares y hasta dirigentes de partidos políticos para cumplir intachablemente su mandato, sigue siendo muy limitada. Sería utópico pensar que para aumentar la responsabilidad de quienes nos gobiernan nos dejáramos guiar por la suerte al elegir ingenuamente a políticos probos para lograr un buen gobierno.
La tarea no es sólo de los gobernantes y hay que decirlo. Es una responsabilidad compartida donde el compromiso de los votantes va más allá de emitir su voto cada tres o seis años. Su participación para exigir cuentas es indispensable para que nuestra democracia electoral tenga gobernabilidad y que resuelva los problemas cotidianos de la población.
En América Latina y particularmente en México se presenta una paradoja política, consistente en que a la par con la búsqueda de la profesionalización en los sistemas electorales, se presenta un desencanto de la sociedad civil hacia los partidos políticos, principalmente en la ausencia de transparencia y rendición de cuentas de los representantes populares electos.
Todo en su conjunto converge a una evidente falta de credibilidad de los políticos pues para gozar de este concepto donde prepondera la confianza deben poseer autoridad moral respaldada por el puntual cumplimento de rendición de cuentas con transparencia de sus actividades y que ésta se obtiene a partir de una observación en su conducta pública, honesta y diligente y fundamentalmente con la atención y correspondencia durable hacia sus representados.
Recientemente el senador del Partido Acción por Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, cumplió cabalmente con su obligación como representante popular electo ante sus representados. Rindió su Informe Legislativo en donde reiteró que su quehacer parlamentario se construye día a día cerca de la sociedad de Aguascalientes con el trabajo que lleva a cabo en el Senado de la República y que se han sabido encontrar acuerdos para lograr las grandes transformaciones que por mucho tiempo fueron postergadas y que ahora -con amplia concordancia- discutieron y aprobaron grandes reformas que ofrecen más oportunidades de desarrollo para los mexicanos.
En ese contexto, Orozco Sandoval -mediante su mensaje- dejó en claro que siempre se ha buscado atender lo que la gente quiere, por lo que discutieron, propusieron y aprobaron la mayor parte de las reformas estructurales, pero también se opusieron razonadamente a las que afectan a la mayor parte de la población, su trayectoria política pública y social está más sólida que en cualquier otro momento sin duda alguna.
Ante ello, como ex dirigente estatal y consejero nacional del Partido Acción Nacional celebro la congruencia que debe prevalecer en el ejercicio de la actividad política y el servicio público actuando legítimamente en la función de equilibrar los poderes. Los hombres siempre serán malos si la necesidad no les obliga a ser buenos, y en esa necesidad de corresponder y afectar positivamente a su representados limitan y acotan los excesos de la función gubernamental dentro de los parámetros legales y benéficos hacia a la colectividad.
En conclusión, la participación de la sociedad en el monitoreo constante y permanente sobre el ejercicio gubernamental es fundamental para el combate a la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de control al poder son útiles en la medida en que sirven al ciudadano para ejercer un proceso de mejora en el funcionamiento de las políticas, los programas y los servicios más cercanos a su entorno.
La labor que realiza la sociedad civil en la generación de estudios e indicadores de desempeño que evalúan el quehacer del gobierno, contribuye en buena medida al control de la acción pública y en la promoción de gobiernos más transparentes pero lo más importante y no debemos dejar al margen, es el reto de insertar a la sociedad mexicana en una cultura de respeto a la legalidad y a la autoridad pública con una educación basada en valores; así como focalizar un sistema de rendición de cuentas bien estructurado e implementado para delimitar y acotar las áreas de riesgo que abren espacios a la opacidad, abuso y discrecionalidad de la función pública.
Con ello y adecuando e implementando los incentivos generados a este sistema de rendición de cuentas se darán paulatinamente enormes pasos para edificar y consolidar mecanismos que sienten las bases cuyas siguientes administraciones seguirán perfeccionando.
