Tal como se aprobó semanas atrás en la LXII Legislatura, la mañana de ayer comenzaron las comparecencias de funcionarios estatales por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Estado, presentándose en primer instancia Felipe Muñoz Vázquez, procurador general de Justicia, en el Salón Aquiles Elourdy del edificio Primo Verdad, ante la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Todas las comparecencias serán en comisiones unidas y se sumarán aquellos diputados que estén interesados en participar, a pesar de no formar parte de las comisiones correspondientes. Las comparecencias se efectúan bajo un formato libre de diálogo sin estar sujeto a limitaciones, aunque sin llegar a lo caótico ni anárquico, como lo aclaró el presidente de la Comisión de Justicia, Luis Fernando Muñoz López, ya que la finalidad de este ejercicio es generar una interlocución entre ambos Poderes.
Muñoz López indicó que el llamado al procurador fue principalmente para conocer el proceso de modernización de la institución y cómo se están preparando ahora que se implementará el nuevo sistema de impartición de justicia en el estado; el cauce que se le ha dado a los delitos y el estado en que prevalece el personal de la Procuraduría en materia de capacitación.
María de los Ángeles Aguilera reconoció su labor al frente de la PGJ y cuestionó las capacitaciones que han realizado a los elementos, así como el tema de las desapariciones en el estado.
Ante la llegada del nuevo Sistema de Justicia Penal, esta institución se enfrentó a todo un proceso de transformación, comenzando con múltiples cursos en el Iespa, con la Usaid, que es la Agencia para Programa de Cooperación y Alianza Estatal en Estados Unidos, así como por organizaciones internacionales en países como Francia, España, Inglaterra, Japón y Canadá, erogándose un promedio de 14 millones 213 mil 543 pesos en capacitación, resultando en un total de dos mil 577 horas. 310 peritos concluyeron tal formación y un número importante de agentes del Ministerio Público.
Actualmente, la Dirección General de Servicios Periciales cuenta con 19 especialidades, tales como el laboratorio de voz y balística forense, incendios y explosivos, documentos cuestionados, antropología forense, estomatología y reconstrucción facial.
Juan Manuel Méndez Noriega solicitó la explicación del proceso que lleva la Procuraduría conforme a las acusaciones sobre presuntas acciones de tortura; aquí acentuó que es un tema de gran preocupación, pues es el área donde más ha sido atacada la institución, “les puedo asegurar que el 95% de las imputaciones en contra de nosotros en materia de tortura, son de gente vinculada a la delincuencia organizada, especialmente al grupo llamado La Oficina”.
Dio lectura a una publicación que se dio en La Jornada donde se mencionaba que la PGJ de Aguascalientes registraba un total de 250 quejas por tortura, pero días después salió una nota en La Jornada Aguascalientes donde el ombudsman Jesús Eduardo Martin Jáuregui dice que no son 205 sino ocho las quejas en contra de la Procuraduría, “ahí podemos corroborar que nosotros no estamos actuando en violación a los derechos humanos, las recomendaciones que tenemos son de hechos efectuados en años anteriores a mi administración”.
Leyó los oficios de las recomendaciones vigentes aceptadas, así como también de la única que no fue aceptada: la 6/2014 por los siguientes motivos: “La recomendación se sostuvo de la declaración del quejoso y de la prueba testimonial de su concubina, a quien, por cierto tengo en averiguación previa; son hechos de un sujeto que a través del internet lograba atraer la atención de jovencitas menores de quince años y con base en apoyo audiovisual, corroboramos que las violaba. Hay más de 80 pruebas en contra de este sujeto y el amparo que emitieron fue revisado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Felipe Muñoz Vázquez aclaró que en la recomendación se vulneró el debido proceso porque no analizó de manera puntual los hechos ni el desahogo y valoración de las pruebas. Se le atribuyeron actos violentos a los policías ministeriales referentes a una detención ilegal, reclusión prolongada, ingreso a su domicilio sin contar con un mandamiento por escrito, sustracción de objetos de su propiedad y aseguramiento de vehículo sin pruebas, “se atribuyó la tortura por parte de los policías y amenazas a un infante menor de seis años, pero no se acreditó con pruebas contundentes”.
Anayeli Muñoz López solicitó mayor detalle de los trabajos que se han hecho en capacitación para la sensibilización de los elementos de la Procuraduría en materia de derechos humanos, puesto que los cursos por sí solos no tienen un reflejo reforzado en el personal. El procurador reconoció la necesidad de estrategias alternas a los cursos de capacitación, por ello se mantiene una supervisión constante por parte del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto al trato que se le da a los detenidos.
Entregó cifras del personal que se ha cesado al haberse detectado alguna irregularidad, “aunque en algunos casos tengamos la duda preferimos actuar aunque parezca no muy justo, pero preferimos prevenir”; al observar irregularidades de inmediato se solicita la renuncia, pero en algunos casos se ha tenido que emitir averiguaciones previas y hasta consignas a la justicia de elementos de la policía ministerial, Ministerios Públicos, peritos y personal administrativo.
En lo que va del año se han dado de baja a 55 agentes del Ministerio Público, ocho comandantes, 30 Ministerios Públicos, 28 secretarios de Ministerio Público, y 255 empleados del personal operativo y administrativo, “buscamos que las personas que ocupen un cargo dentro de la institución, reúnan el perfil y las capacidades para hacer un buen trabajo”.
Después de casi tres horas de comparecencia, el procurador agradeció la apertura con la cual se le escuchó, así como sus cuestionamientos, ya que a su parecer fueron objetivos y de “gran relevancia”.
