El 6 de octubre pasado, respecto a la cruel y despiadada matanza de seis normalistas en Ayotzinapa, y la desaparición de los demás, el Presidente Peña Nieto se refirió a los jóvenes estudiantes “…que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos…”. De forma similar, con lenguaje vago, aséptico, lejano, un mes y un día después, el Procurador General de la República reconoció, sin decirlo directamente, que los 43 jóvenes secuestrados en aquel evento fueron torturados y asesinados con saña. Como si un lenguaje lejano les alejara también de la responsabilidad.
Aunque lo temíamos, la noticia nos resultó arrolladora y dramáticamente triste. Durante más de un mes creció el tono de exigencia al gobierno para que rindiese cuentas. Así llegó la marcha de solidaridad del pasado 5 de noviembre, con miles de jóvenes marchando en la Ciudad de México y varios miles más de manera simultánea en muy diversas partes del país, exigiendo la presentación con vida de los 43 desaparecidos. La vital algarabía de entonces contrasta hoy con la pesada lápida de la verdad: están muertos, fueron vilmente torturados y nada impide la posibilidad de que vuelva a suceder.
El domingo pasado se celebró en Berlín el 25º aniversario de la caída del Muro con una fiesta popular y un homenaje a todos aquellos que, el 9 de noviembre de 1989, hicieron caer la dictadura del este alemán.
Una dictadura -han dicho en el noticiero alemán que transmitió la noticia de la celebración-, es aquella que mantiene a sus ciudadanos reprimidos por sus fuerzas policíacas y militares, manipulados con propaganda. Un régimen que desaparece a las personas, que aniquila a quienes piensan y a quienes acusan el autoritarismo y la corrupción. El reportaje alemán habla de un pasado lejano, de historias espeluznantes que no son factibles en la mente de un ciudadano europeo. Y así como en Alemania una dictadura pudo poner un muro de piedra para encerrar a sus ciudadanos, hoy otras dictaduras ponen muros de horror, de espanto que, aderezado con propaganda, manipulación y ocultamiento de la verdad mantienen a su pueblo domesticado e ignorante.
Una vez cumplido el expediente de informar sobre el triste destino de los jóvenes desaparecidos, el manual de “administración de crisis” de los gobiernos recomienda acelerar el tránsito a la normalidad.
Así, se informa que el Presidente debe ir a China para asegurar la participación de México en la Cuenca del Pacífico, la mayor zona comercial del planeta. Por eso la noticia tenía que ser difundida inmediatamente a la opinión pública y justamente previo al fin de semana, cuando normalmente baja la actividad noticiosa. El lenguaje lejano, escueto, técnico y frío es parte del libreto; pero no contaban con que el Procurador, fastidiado con la obligación de rendir cuentas de lo sucedido, dijera “ya me cansé”. Eso atizó el fuego de la profunda irritación popular, avivada en estos días gracias a las redes sociales, al recordar que es el pueblo el que está cansado por la multiplicación de hechos sangrientos y por la acumulación, durante décadas, de agravios a los derechos civiles.
El viernes 7 de noviembre por la tarde, mientras el Procurador se cansaba describiendo con lujo de detalles la crueldad con la que ultimaron a los normalistas, me encontraba en reunión del Consejo Técnico Consultivo (órgano ciudadano de consulta) de la Comisión de Fomento intersecretarial dedicada al fomento de las actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Representando a la sociedad civil, reflexioné sobre cómo aprovechar el hecho de estar sentado a la mesa con representantes de ese gobierno que a la vista de muchos es culpable, si no por acción definitivamente que por omisión, de los crímenes que en esos momentos describía la Procuraduría. Ese mismo gobierno incapaz de mejorar las condiciones de vida de millones de personas que se hunden cada día más en la pobreza y desesperanza. Inoperante tanto en mantener la paz como para asegurar el patrimonio y la vida de sus habitantes. El mismo gobierno que encubre delincuentes, permite la desaparición y ejecución de personas y, que al incumplir la orden de aprehensión por el delito de tráfico internacional de menores contra Arturo Montiel, pone en duda la calidad moral de México para demandar, a nivel mundial, el respeto a los derechos humanos.
Durante cuatro décadas de dura y compleja lucha social en México, la sociedad civil ha logrado crear mecanismos para obligar la transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. Ha construido espacios de diálogo mediante múltiples consejos consultivos de participación ciudadana, como el Consejo Técnico Consultivo. Estos son espacios ganados a pulso por ciudadanos que dedicaron su vida para ello, combatiendo el autoritarismo atávico de nuestros gobiernos. Incluso, la lucha ha llevado a algunas personas muy valiosas, forjadas en esta cultura cívica, a sentarse representando a los gobiernos en estos espacios de interlocución.
Ante el riesgo de que la ira acumulada nos rebase, no queda más que apostar por el diálogo y, con ello, llegar hasta donde tope, al exigir la rendición de cuentas de aquellos servidores públicos que no han cumplido a la Nación.
Lo que sigue no es una “normalidad” que oculte la realidad. Urge accionar esos mecanismos y espacios logrados por la sociedad civil, para hacer cumplir, hasta sus últimas consecuencias, el juramento que prestaron los servidores al asumir su encargo.
No se debe poner en riesgo la paz social cuando la población vive con la justa indignación a flor de piel. Urge rescatar las opciones legales y pacíficas, por más exiguas que sean, para promover el diálogo y, si es necesario, ¡que se vayan todos!, no sin antes responder lo que les demande la Nación.
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