- El Estado queda obligado a prestar educación sexual programada
- La redacción original contenía riesgos de interpretación sobre derechos sexuales
La Ley General para la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes llegó al Congreso como una iniciativa preferente. Aunque ya desahogada por ambas cámaras, el planteamiento de los derechos sexuales y reproductivos no dejó de levantar polémica en el renglón conservador.
Adrián Rodríguez Alcocer, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que los legisladores identificados con la izquierda trataron de incorporar una serie de derechos con doble filo.
“La realidad es que los derechos sexuales y reproductivos no existen en ningún ordenamiento vigente, ni nacional ni internacional, no están definidos, es un concepto en construcción. La preocupación era hacia dónde se iban a encaminar o qué interpretación se les iba a dar, al no estar claro podía permitir muchas cosas”.
En su momento, dijo, el ordenamiento puso en duda si los padres de familia contarían con el derecho de educar a los hijos conforme a sus creencias, pues el Estado aparecía como el encargado.
“La libre configuración de la personalidad podía impedir que los padres de familia o quienes ejercieran la patria potestad pudieran guiar a sus hijos acerca de ciertas decisiones… El tema de elegir parejas sexuales, dentro de los derechos sexuales y reproductivos se ha manejado, no siempre, en algunos casos, la posibilidad de relaciones intergeneracionales; es decir, de menores de edad con mayores de edad”.
La presión de los conservadores, primero sobre la Cámara de Diputados y enseguida sobre la de Senadores, logró que el concepto de derechos sexuales fuera sustituido por otro ya existente en el marco jurídico: derecho a la salud sexual y reproductiva.
“En la tribuna de las dos cámaras varios legisladores dijeron que no se trataba de negar derechos, sino de precisar el término. Yo comparto esta visión. La realidad es que el derecho a la salud sexual y reproductiva incluye el acceso a los métodos anticonceptivos, incluye la educación sexual, la elección de la orientación, lo incluye desde un punto de vista de salud pública, y permitiendo que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones”.
Otro cambio practicado al Artículo 52 de la Ley General para la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes consistió en precisar que la educación sexual debía transcurrir de acuerdo a la edad y madurez de los menores. La minuta fue enviada al Ejecutivo con este par de modificaciones.
Según Rodríguez, la ley en espera de publicación oficial aclara lo relativo al derecho a vivir en familia.
“Todos estos son avances importantes dentro de nuestra legislación, falta pensar en la implementación, fortalecer la inclusión de los menores con discapacidad, la ley, en este sentido todavía deja muchos espacios para trabajar”.
–En lo relativo a la educación sexual deberá haber programas específicos.
–Así es, y creo que en este sentido la nueva redacción de la ley es muy feliz, porque obliga a las autoridades a diseñar los programas de acuerdo a cada momento del desarrollo del niño, de manera que sean más integrales y se pueda dar un mejor aprovechamiento a los recursos que se gastan.
–¿Esta ley no castiga?
–La ley sí iba a contener delitos… después se cambió por una ley que enumera derechos y establece infracciones administrativas, pero realmente no genera penas privativas de la libertad.
–¿Entonces se corre el riesgo de que sea letra muerta?
–Es un tema de implementación, casi todas las leyes que enumeran derechos corren ese riesgo, desafortunadamente.
