- Cuatro implicados en los fraudes a trabajadores en el Infonavit
- Son cinco, de un padrón de 56, los notarios públicos investigados por diversas anomalías
Suman ya cinco los notarios públicos investigados por la Procuraduría General de Justicia por diversas anomalías, que van de los fraudes contra trabajadores en el Infonavit, hasta el intento de despojo de predios en los Sandovales.
El 13 de agosto pasado, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González, denunció ante el gobernador Carlos Lozano de la Torre, al menos 200 obreros defraudados con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.
La mayor parte de los afectados son trabajadores de la Nissan. Alfredo González se reservaría el nombre de la inmobiliaria que defraudó al 90% de los 200 afectados, de muy diversas maneras, en las que intervinieron, además de valuadores locales, cuatro notarios públicos plenamente identificados.
Sus nombres aparecen en las dos averiguaciones previas que integrara el Ministerio Público, que están también en uno de los informes de los avances del área jurídica del Infonavit que le da seguimiento al proceso.
“Nosotros hemos recibido la instrucción de cerrar todas las vías por donde se cometieron las irregularidades y puedo asegurar que, a partir de mi llegada al cargo, el Infonavit ha sido blindado contra todo tipo de ilícitos”, aseguró a La Jornada Aguascalientes el delegado de esa institución mixta, Mario Guevara Palomino.
Cuatro notarios son investigados por la PGJE en relación con los fraudes en el Infonavit, porque validaron documentación inconsistente, más o menos igual como lo hiciera el notario número 28, al aceptar una hoja de papel escrita a mano, por medio de la cual presumiblemente Genaro Esparza de la Rosa cedía la propiedad de 49 hectáreas de los Sandovales, a J. Cruz García Ramírez, con perjuicio de casi medio centenar de familias, a una de las cuales acaba de desahuciar, desalojándola de su propiedad con el lujo de la fuerza policiaca que ha caído en el descrédito popular.
Ese visto bueno notarial fue en el que se basó la jueza Segundo Penal, Verónica García Padilla, para fallar en favor de J. Cruz, sin embargo, luego, al percatarse del engaño promovió una averiguación previa contra García Ramírez, a punto de ser resuelta por el Ministerio Público.
El procurador general de Justicia, Felipe Muñoz Vázquez, acompañado de nueve agentes del Ministerio Público, estuvo en esa población, donde a los vecinos les presentaron uno por uno sus respectivos expedientes y se les ofreció justicia.
Este tema también cobró un sorprendente giro en el Poder Judicial, donde los juzgados en que se hallan diversos procesos en el mismo sentido, están remitiendo los expedientes precisamente a la dirección general de Averiguaciones Previas, para que el Ministerio Público los revise. Todo apunta a que a los vecinos de Sandovales se les hará justicia.
Después de los ajustes en las notarías públicas en Aguascalientes, donde no había sido sustituido desde su fuga de esta ciudad, del exsecretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez Sanvicente -notario número 54- el secretario general de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, con dos consanguíneos suyos también notarios, se conoció también el nombramiento del sustituto del ombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui en la notaría 19, a favor de Mario Luis Ruelas Olvera.
Al hermano del delegado del INE, Ignacio Ruelas Olvera, y del director de Servicios Médicos del DIF estatal, Lenin Ruelas Olvera, le llegaron los nombramientos en un solo envío: es también coordinador estatal de la Fundación Colosio del PRI, siguiendo los pasos de su homólogo Adrián Ventura Dávila, de la 55, quien es coordinador de Evaluación de Estructuras del PRI en el Distrito I.
