A mi hermano, Rodolfo Muñoz
En 1986 Jorge González, vocalista de Los Prisioneros, escribió “El baile de los que sobran” curiosamente sin referencias sofisticadas de “papers” ni “working papers” de corte académico. No las necesitó. Su fuente no era otra que la obviedad, la interpretación propia de una realidad educacional chilena alarmante: la desigualdad. Así, tuvieron que pasar más de 20 años para que la esfera pública haya logrado insertar el tema, no sólo en este país, sino prácticamente en toda la región de América Latina.
Claramente una de las aristas políticas principales en este debate es el lucro que muchas veces el sistema educacional permite. Motivado por lo anterior, el planteamiento de este texto es si se debiese permitir el lucro, en especial en las escuelas subvencionadas con recursos públicos. Si bien Chile es en donde se desató este debate, los impulsos por privatizar la educación existen en todos los países de la región y, por ende, considero que estas reflexiones no deberían tener nacionalidad específica.
Se necesitaría la capacidad interpretativa de Jorge González para explicar algo complejo en frases tan sencillas. Por el contrario, ante la falta de esa capacidad, para discutir lo planteado en el párrafo anterior se recurrirá a argumentos que nos permitan defender nuestra postura. Comenzaremos por definir qué entendemos por lucro, posteriormente discutir la evidencia y cerraremos con lo más importante: argumentar la educación para la ciudadanía que queremos.
El lucro no es más que la ganancia que se obtiene por realizar una actividad económica. El individuo trabaja y su trabajo es remunerado, por lo cual esta relación entre trabajo y remuneración vendría siendo con fines de lucro. En las organizaciones es distinto. Aquellas que operan con fines de lucro, los dueños disponen libremente de las ganancias -si es que éstas existen- por lo cual disponen del total o de una parte para su propio beneficio; por el contrario, si las organizaciones operan sin fines de lucro, el excedente tendería a ser invertido en insumos y actividades para que la organización pueda cumplir con su misión, que presumiblemente estaría relacionada de forma directa con el bien común.
Cuando se concibe que la educación es un bien público, un derecho social del cual depende el desarrollo colectivo, el lucro pierde cabida. Más aún, suena surreal la posibilidad de que con recursos públicos se financie escuelas que, por diseño de las reglas del juego, puedan lucrar. El lucro minimiza costos y maximiza ganancias, no está en su naturaleza ser un medio para formar ciudadanos iguales, libres y razonables.
El mundo nos aporta indicios para rechazar el lucro. En sus comienzos, los promotores de la lógica de mercado prometían un mejor sistema educacional, en donde todos tuvieran la oportunidad de aprender y desarrollarse en un ambiente innovador. Evidentemente es día que aún se sigue esperando, cual Penélope a Odiseo, esa promesa. Mientras tanto, políticos y académicos continúan manipulando discursos y microscopios estadísticos para demostrar supuestas diferencias que claramente no se ajustan a lo anticipado por los promotores del mercado en educación.
De lo que sí existe evidencia, es que el lucro ha segregado el sistema educativo. La permisividad y promoción de este mecanismo de mercado ha creado educación para ricos, educación para no tan ricos, educación para clase media y, lo más lamentable, educación para los que sobran.
Ahora bien, la tendencia para diseñar políticas públicas en América Latina se ha concentrado en la comparación con los países que nos gustan, los que “lo hacen bien”. Es así que podemos también anticipar que sus sistemas respaldan la renuencia al lucro. Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Colombia, Suecia, Inglaterra y Canadá mantienen sistemas educacionales en donde existe educación privada y pública, pero con la salvedad que 1) se prohíbe el lucro y, por ende, 2) se hace impensable que el Estado financie a establecimientos privados con fines de lucro.
Cuando se quiere una sociedad compuesta por ciudadanos con cultura política, ciudadanos libres y razonablemente informados, son los propios ciudadanos los responsables de determinar la educación como medio para ese fin. Un Estado moldeado a la lógica del mercado, sometido al cálculo del costo-beneficio, considera de forma insuficiente tanto las libertades básicas del ciudadano (libertad de informarse y desarrollarse en la diversidad) como sus condiciones de igualdad (sin restricción para acceder a las mismas oportunidades).
El sistema educativo debe diseñarse con el fin de desmantelar cualquier desigualdad que surja por las barreras de clase. Un sistema educacional inequitativo no hace más que debilitar el auto-estima social, despolitiza al individuo, lo aleja de lo público. Tal como me lo compartió mi hermano, a través de una frase de Italo Calvino, un país que desmonta la educación pública está ya gobernado -dominado- por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber.
En el marco de lo que se propone, el sistema educativo debiera integrar a los ciudadanos, unificar sus intereses hacia el bien común. La educación más que responsabilizar al ciudadano de su propio rendimiento en el mercado laboral, debe responsabilizarlo de vivir una vida en común dentro de una sociedad diversa.
Si el fin de la sociedad es formar ciudadanos libres, iguales, que formen parte de lo público, se debe apostar por reglas del juego que prohíban el lucro dentro del sistema educacional, más aún si la educación se financia con recursos públicos. El objetivo de proponer un sistema educacional sin lucro es, como se señaló anteriormente, levantar una sociedad capaz de derribar las barreras de la desigualdad; en otras palabras, capaz de instalar una educación universal para que nadie sobre.
Twitter: @ruelas_ignacio
