Desde 1993, probablemente los costos del agua privatizada
han subido más de 300%; en otras palabras, como dijo el secretario
de Medio Ambiente del gobierno federal,
“hay que cobrar el agua hasta que lloren los usuarios”.
Otto Granados Roldán
Se oye mal, pero tiene razón, continuaría argumentando el exgobernador en su artículo “La crisis del agua” publicado en el portal Cronica.com.mx (28/Jul/2005), diario que como vicepresidente tiene a Jorge Kahwagi Macari y como Presidente al padre de éste -disculpe el dato curioso-.
Cierra su artículo de opinión argumentado; “el agua es un bien económico muy escaso; que por razones de supervivencia todos tenemos que consumir menos agua y, aunque nos disguste, pagar más por ella; y que el gobierno debe encabezar una verdadera política de Estado en esta materia, en lugar de perder el tiempo en populismos.”
En Aguascalientes el servicio de agua potable -bien público- fue privatizado en 1993 cuando se entregó la licencia de explotación del recurso y su servicio -entre otras actividades- a la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes (Caasa) por iniciativa de Granados Roldán y Fernando Gómez Esparza, alcalde en ese tiempo, concesión después protegida por Alfredo “El Mosco” Reyes y solapada en abusos y enriquecimiento por cada administración en turno.
Pero sigamos el árbol genealógico de Caasa para entender el modelo neoliberal en la privatización de los recursos naturales de los estados y el entramado político. Caasa proviene de Proactiva Medio Ambiente con sede en Madrid, España, asociada en México con grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) propiedad de Carlos Slim, creando la empresa Holding OMSA a su vez respaldados por Veolia Environnment empresa europea proveedora de servicios medioambientales quien a su vez es propiedad de la multinacional francesa Général des Eaux -compañía que en conjunto con Suez Vivendi controlan gran parte del agua a nivel mundial fusionándose con muchas empresas multinacionales generando una red que presiona y seduce a los gobiernos a privatizar el agua, conflictuando el bien social y el bien mercantil.
Estas empresas transnacionales, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo en complicidad con los gobiernos reforman leyes y artículos para permitir el control de los recursos naturales como el agua -control geográfico, social y económico, convirtiéndolo en un tema geopolítico y de seguridad nacional-. Las transnacionales son una amenaza para el libre acceso al agua, sin embargo, cada vez más en ciudades del país se ha replicado este accionar por parte de los gobiernos municipales y estatales, siendo una práctica política instalada en el modelo económico del Estado Mexicano, favoreciendo los capitales extranjeros a costa del recurso vital en suelo mexicano. Incrementando las tarifas con el fin de obtener grandes ganancias por el agua numerosas empresas privadas europeas de servicios compiten por las operaciones del suministro público, esto no sólo en nuestro país sino en la mayoría de los países Latinoamericanos -con honrosas y valientes excepciones como en el Estado Plurinacional Boliviano y el caso de la guerra del agua de Cochabamba en el año 2000-.
En Aguascalientes se vive un microcosmos de este modelo, el estado tiene una de las tarifas más costosas del país, ajustando la tarifa mes a mes junto a Ccapama en una fórmula de indexación incluyendo; costo eléctrico, salario mínimo, costo del petróleo, entre otros, así como el tipo internacional de cambio vigente al momento de su revisión mensual en Dólares.
Las empresas multinacionales a través de los gobiernos privatizadores que despojan a sus sociedades del manejo de recursos en este caso del agua aseguran sus operaciones con contratos ventajosos y blindados ante cualquier contrariedad, obteniendo ganancias de alta rentabilidad imposibles en sus países de origen -debido a las regulaciones de Estados más serios y menos corruptos- por ejemplo, Caasa obtiene más de 300 millones de pesos anuales de donde el municipio de Aguascalientes sólo obtiene 37 millones de pesos, sin contar las inversiones técnicas del Ayuntamiento obligado -por contrato concesionado- a brindar las instalaciones de drenaje para que la empresa privada tenga la capacidad de dar servicio al municipio, inyectando más de 60 millones de pesos en este año, es decir eroga más de lo que recibe.
Lo anterior no asegura el suministro de agua a la población ya que la empresa privada tiene un 65% de eficiencia, ¿entonces dónde ha quedado el razonamiento político de que la privatización optimiza suministro y tarifas?
Este modelo neoliberal implementado ferozmente por el salinismo y replicado obedientemente por sus adeptos ideológicos no ha funcionado, en relación con el agua en México la situación es alarmante, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la sobreexplotación y pérdida de numerosos ríos y lagunas, así como importantes superficies en los lagos de Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo y Xochimilco entre otros, donde las grandes empresas -intocables por los gobiernos- utilizan las cuencas y los lechos de los ríos como vertederos de basura de desechos industriales y de cultivo, sumando las cargas urbanas de ciudades y pueblos, toda esta toxicidad va a parar al río Coatzacoalcos, al Lerma, al Atoyac, generando a su paso nuevos contaminantes. El gobierno invierte millones de pesos en plantas de tratamiento y manejo de aguas residuales, sin embargo, las empresas privadas de agua sólo extraen esta para comercializarla, ya que hábilmente estas inversiones sí son obligación del Estado y no de las multinacionales, es decir, el Estado no subsidia el agua a su población pero sí a las empresas privadas ya sea para su explotación, distribución o mejora medioambiental -qué caso tan paradigmático.
El agua es un bien público que un Estado cercano a la gente podría volver a estatizar, sin embargo, en un modelo dócil, servil y entreguista como el heredado por el salinismo y ahora llevado con punto y coma por el Gobierno Federal esto resulta ilusorio más si consideramos la habilidad jurídica de las transnacionales para generar contratos blindados ante cualquier movimiento que desestabilice sus interés económicos, nuestro Ayuntamiento a la “pequeña” Caasa por ejemplo no puede ni siquiera sancionarla por irregularidades de servicio, cobro de tarifas, arbitrariedades, desperdicio del recurso o mal manejo del mismo ya que el título de concesión firmado en los noventa ni siquiera establece estos puntos ni contempla sanciones, mucho menos revocar la concesión, la ley a modo.
Desde hace décadas heredamos un Estado con instituciones públicas que responden solamente a las necesidades del capital y el derecho al acceso del agua se ha convertido en responsabilidad del individuo devenido en cliente que paga en oposición al ciudadano digno de derechos garantizados por el Estado en su Constitución en el Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 4; Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible.
El agua hoy nos da un punto de reflexión para pensar en el actual modelo económico, modelo que lleva al hombre al grado de consumidor individualista y no de ciudadano en colectividad, el agua no debe estar sujeta al lucro, los ciudadanos debemos cuidarla y defenderla -aun si nos llaman populistas-, ¡el agua es un bien público y un derecho humano!
