Sociedad y Justicia

No hay profesionalización en el tema de desapariciones en los municipios

 

  • Toda la información se centra en la PGJ sin que los ayuntamientos puedan apoyar para una mejor atención
  • A pesar de las reuniones no se llega a ningún acuerdo para legislar en materia de trata de personas

 

En los últimos meses, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes ha sostenido reuniones con los institutos de la mujer municipales para trabajar el tema de presupuestos con perspectiva de género, observando una preocupación en otra área poco atendida: desapariciones en los municipios.



La presidente de la asociación, Mariana Ávila, lamentó que en ninguno de ellos se tuviera el conocimiento de que hubiera personas desaparecidas ni tampoco el conocimiento de cómo podrían abordar los casos, “no hay profesionalización en el tema de desapariciones en los municipios”. Haciendo énfasis en la falta de coordinación de la Procuraduría General de Justicia y los ayuntamientos, pues todo se concentra en una sola institución sin desagregar la información para mayor alcanza de atención.

En materia de la explotación de mujeres e infantes para la prostitución, la activista reconoció haberse desarticulado algunas redes de trata de personas, pero por cuestiones del marco legal local, en Aguascalientes se maneja como corrupción de menores pues no está tipificado el delito de trata de personas.

Este es otro de los asuntos pendientes que si bien se ha dialogado con algunas legisladoras, no se ha concretado ninguna reforma ni adición al Código Penal, “es urgente legislar para que quede la Ley para Combatir y Erradicar la trata de personas, porque de nada sirve hablar si no se tiene la ley para respaldarnos”, la insistencia recae en que al tipificarse en el marco legal local, los casos ya obtenidos pueden ser investigados y juzgados desde el área correspondiente, pues a diferencia del delito de corrupción de menores, en el de trata de personas no se tiene permitido salir con fianza.

Cada Código Penal especifica penas diversas de entre 15 y 20 años como mínimo, pero la generalidad es la ausencia de fianza ni durante la investigación ni después de rendírsele sentencia, para este tema, el Observatorio ha tenido pláticas con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF estatal, el propio procurador del estado y ciertos integrantes de la LXII Legislatura, sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo específico pues siempre se quedan en “lo seguimos analizando”.

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Itzel Acero

Itzel Acero

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