Continuamos.
Según datos de INEGI, sólo 634 municipios cuentan con un marco institucional que materializa el Artículo 115, fracción II de nuestra Constitución Política. Esto significa que apenas el 26 por ciento de los municipios en México han ejercido su facultad de aprobar (en conformidad con las leyes municipales aprobadas por las legislaturas estatales) los bandos de policía y gobierno, cuya sustancia versa a favor del cuidado del orden público y la seguridad colectiva.
Asimismo, 1,141 municipios reglamentan sus funciones y servicios de seguridad pública. Así, sólo el 46 por ciento de los gobiernos locales han reglamentado sus funciones de seguridad pública referida a la prevención de delitos, investigación, persecución y sanción administrativa.
En suma, más del 50 por ciento de los municipios no cuenta con una institucionalidad sólida que garantice la seguridad de los ciudadanos. Estaría demás mencionar los desastrosos resultados. Es evidente el fracaso.
El anuncio de suprimir las policías municipales en todo el país e integrarlas en 32 policías estatales, realizado por el Gobierno Federal la semana pasada, parecería una medida que busca hacerse cargo de estas falencias que han deteriorado la calidad de vida de miles de mexicanos y deja en total riesgo a millones más. Ahora bien, existen lagunas que requieren urgente mención.
Si bien de entrada no comparto su autorreferencia manifestada, en la última columna de Jorge Castañeda (Milenio, 04/12/2014) se discute un punto esencial de esta medida: el financiamiento. En su texto, el autor critica que la consolidación de 32 policías estatales debiese ser acompañada de una federalización o estatización del impuesto predial como forma de financiamiento. Estoy de acuerdo. Quizá, en un ánimo republicano, el autor debió comprometerse más a fondo con su propuesta.
Efectivamente, una reforma sustancial a nuestra institucionalidad conlleva costos que de alguna forma deben asumirse para que, en vez de mejorar, la situación no empeore. De concretarse la supresión de las policías municipales y la consolidación de las policías estatales, forzosamente se debe “elevar la vara” para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. Esto, reitero, cuesta.
Así, en total acuerdo con lo esbozado por Castañeda, el financiamiento que acompañe esta medida debe realizarse a través del fortalecimiento del impuesto predial. En esta línea propongo lo siguiente:
- En primera instancia este impuesto debe quedar en manos de las entidades federativas. Existen municipios que se verán perjudicados por esta medida ya que lo hacen bien (recaudan y administran lo necesario); pero son más los municipios que no les alcanza el esfuerzo recaudatorio debido a que no cuentan con un piso mínimo de capacidades institucionales y de gestión. Se debe tener conciencia que la estatización del predial va en la línea de potenciar su recaudación total, a costa de afectar la situación de los contados municipios que cuentan con las facultades para hacerlo bien. Algún costo se debe asumir para recuperar nuestras instituciones y la calidad de vida.
- En manos de las entidades federativas, se facilitaría actualizar los valores de las propiedades para que el impuesto predial se cobre conforme al valor real de mercado; para materializar lo anterior, se deberían indexar los avalúos al Índice Nacional de Precios al Consumidor, de forma tal de ajustar los avalúos al ciclo económico.
- Por último, al ser un impuesto que afecta directamente la riqueza de las personas, es fundamental fortalecer su progresividad para que la recaudación provenga en mayor proporción de las propiedades de mayor valor. Estas medidas, en conjunto, deberían ir en esta línea.
En conclusión, los esfuerzos por recuperar la seguridad ciudadana deben materializarse con cambios institucionales que serán costosos. La consolidación de las policías estatales, para que se pueda argumentar su éxito, debiese contar con elementos más preparados, mejor elegidos y mejor pagados; por ende requiere de más recursos fiscales. Así pues, en aras de un cambio institucional integral, fortalecer el impuesto predial es una fuente de financiamiento potenciable.
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