- Propone Lozano de la Torre trato igualitario para sus costumbres e instituciones
- Las autoridades quedarían obligadas a respetar trabajo y permanencia de los indígenas de paso
Luego de vetar la Ley de Protección al Migrante -el 26 de marzo- por considerar que empataba con algunos criterios de las previsiones federales, el gobernador ha propuesto al Poder Legislativo la creación de la denominada Ley de Justicia Indígena del estado de Aguascalientes.
El trámite de este documento se desarrollará en comisiones.
De entrada, Lozano de la Torre señala que en la entidad no hay asentamientos indígenas, y que el Artículo 2 de la Constitución, relativo a la conformación pluricultural de la República, obliga a tomar ciertas consideraciones “en favor de estos pueblos y comunidades”.
La iniciativa cuenta con 15 artículos y dos transitorios. El primer numeral dice que deben quedar reconocidas las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas de los pobladores naturales.
“Aún y cuando actualmente no existen pueblos y comunidades indígenas asentados en nuestro territorio, sí existen indígenas procedentes de otras entidades federativas o de otro país, que transitan o residen temporal o permanentemente dentro del territorio del estado, quienes serán sujetos de las obligaciones y derechos de la presente ley; reconociéndoles el derecho a la protección de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión, indumentaria y rasgos culturales”.
En el caso de que Aguascalientes llegara a contar con comunidades indígenas, se añade, la administración respetaría su derecho a la libre determinación, con lo cual se les permitiría definir normas de convivencia, aplicar sus métodos de resolución y regulación de conflictos, elegir a sus autoridades, preservar y enriquecer lengua y conocimientos, y designar a sus representantes ante los ayuntamientos.
Los indígenas que lleguen a la entidad, dice la propuesta de ley, gozarán del uso y disfrute preferente de los recursos naturales al alcance de las tierras que habiten.
Se añade que para conflictos internos estas comunidades no necesitarían validación alguna de las autoridades estatales, aunque el Supremo Tribunal de Justicia deberá estar a su servicio cuando así lo soliciten.
Para garantizar el acceso a la justicia, menciona el Artículo 6, “se deberá analizar si la conducta particular de los indígenas en cada caso concreto estuvo influida por una visión del mundo distinta al sentido común o mayoritario… para determinar si en el contexto sociocultural de la persona indígena existen normas que le prohíben, le obligan o le permiten realizar conductas diversas a las esperadas en el derecho positivo… prevaleciendo el diálogo y el respeto a la diversidad cultural”.
Además de prohibir la discriminación queda patente que toda costumbre o institución indígena sería tratada “en términos de igualdad” con las de la sociedad dominante.
En uno de los últimos numerales se establece que el estado estaría obligado a informar y capacitar a estas mujeres, a modo de incrementar su participación en la vida política, económica, social y cultural.
“El estado y los municipios procurarán, a través de las instancias competentes, la atención específica y el respeto a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas provenientes de otras entidades, que residen temporal o permanentemente en el territorio del estado. En conjunto con la sociedad respetarán su trabajo, su permanencia y sus derechos. Asimismo, implementar acciones y programas, a fin de promover el desarrollo humano integral de los indígenas migrantes”.
La iniciativa del gobernador coincide con una modificación a la Constitución de la República, cuya minuta envió la Cámara de Senadores a la diputación de Aguascalientes desde el 27 de noviembre.
Esa reforma dice que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos de hombres y mujeres frente a la elección de sus autoridades municipales.
