- Señala el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes el mal actuar de la juez cuarto de lo Familiar
- Como organización civil se entregó un oficio al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
El pasado 14 de enero, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes hizo entrega de un oficio petitorio al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, en el cual se le solicitaba una interpretación más progresiva, con perspectiva de género y de derechos humanos (específicamente de las mujeres), de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La coordinadora de la asociación, Mariana Ávila, señala que con base en denuncias ciudadanas se observa un trato poco sensible hacia mujeres que viven violencia por parte de la juez cuarto de lo Familiar, recordándole algunos artículos de la citada ley donde obligan a la autoridad a cumplir con su obligación de garantizar la justicia, la protección y la seguridad a cada una de las mujeres aguascalentense, “somos ciudadanas sujetas de derechos y obligaciones en igualdad de circunstancias, ellos tiene la obligación de protegernos con aplicación de la ley”.
Se especifica el Artículo 26 donde dice que cuando la ley establece que las órdenes de protección se deberán otorgar al conocer los hechos probablemente constitutivos de delitos, “entendemos que no es necesario probarlos de manera inmediata para recibirla, ya que esto puede llevar tiempo, el cual es crucial para salvaguardar la vida de la víctima”.
En el Artículo 28 se recuerda que el Ministerio Público, o en su caso, los jueces de lo penal, civil, familiar y jueces mixtos, otorgarán las órdenes emergentes o preventivas, las cuales estarán debidamente fundadas y motivadas.
La activista hizo énfasis en que la violencia en contra de las mujeres está debidamente fundamentada en datos estadísticos, “México ha firmado tratados internacionales para abatirla, este país cuenta con tasas de violencia feminicida elevadas y Aguascalientes no está al margen”, incluso se señala la urgencia de que el Estado intervenga en políticas urgentes de prevención, debido a que los niveles de brutalidad en los asesinatos de mujeres va en incremento; por lo tanto, las órdenes de protección son imprescindibles.
En dicha ley se especifica que “tomarán en consideración”, en su Fracción III, “demás elementos de convicción con que se cuente” en la búsqueda de prevenir hechos violentos y feminicidas, el Observatorio recuerda que no se debe exigir el que se demuestre de manera inmediata elementos para probar la violencia de género para otorgar la orden de protección.
En el Artículo 30 Bis se especifica que “la orden de protección surtirá sus efectos al momento de ser notificada, y en la misma, se citará a la persona agresora para comparecer ante el juez que emite la orden al día siguiente en que la reciba para celebrar audiencia de pruebas y alegatos. En la audiencia se recibirán, admitirán y desahogarán las pruebas que procedan y se recibirán los alegatos. El juez tendrá 24 horas para dictar resolución donde confirme, modifique o revoque”.
Para el Observatorio, en cuanto a la fecha exacta de la audiencia no cabe interpretación de la ley, sino únicamente llevarla a cabo al pie de la letra; tomando en cuenta que esta audiencia ofrece oportunidad a la ofendida de presentar pruebas para que se confirme o se revoque la orden de protección; por lo cual, reiteró Ávila, no es necesario demostrar la existencia de violencia de género para poder otorgarla.
El oficio concluye explicándole que para abatir la violencia de género en la entidad sólo hace falta voluntad política, pues por medio de instituciones se pueden emitir advertencias y, en su caso, castigos hacia los agresores; “de lo contrario seguiremos evidenciando la impunidad que limita a las y los mexicanos a vivir una vida libre de violencia”. Como organización civil dedicada a las mujeres, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes mostró su apertura para trabajar en conjunto con el Supremo Tribunal de Justicia en aras de lograr la erradicación de la violencia de género.
