- Los recursos serían sólo para el Patronato, señala la iniciativa de reforma
- El Ayuntamiento quedaría relegado en la asignación de espacios comerciales
Hasta la fecha, el Artículo 7 de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, publicada durante el sexenio de Miguel Ángel Barberena Vega, señala que los remanentes que esta dependencia obtenga tras la organización del festejo abrileño debe distribuirse a razón del 85 por ciento para el DIF estatal, y del 15 por ciento para el DIF municipal de Aguascalientes.
Esta previsión podría desaparecer si así lo aprueba la LXII Legislatura. Los diputados locales ya cuentan con una iniciativa de reforma firmada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, entre cuyos motivos está el de asegurar que el Patronato no reparta sus utilidades.
“Los ingresos obtenidos por el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos con motivo de su objeto serán destinados a la organización de la feria, así como para la operación y mantenimiento del mismo”.
La administración incluso se ha jactado del alza en las cifras. Este 6 de agosto, Alejandro Alba Felguérez, titular del Patronato, refirió al gobernador que el festejo del 2014 había generado una derrama económica 42 por ciento superior a la de 2013.
Una medición certificada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey citaba una derrama de cuatro mil 343 millones de pesos.
La propuesta enviada al Congreso por el gobernador prevé la modificación de una decena de artículos. No todas las modificaciones tienen que ver con el terreno presupuestal.
Lozano de la Torre además busca sacar de escena al Ayuntamiento de Aguascalientes en lo que a logística respecta. El documento señala que el Patronato se convertiría en el único facultado para determinar sobre qué área de la mancha urbana se desarrollarán las actividades feriales.
El órgano a cargo de Alba Felguérez ganaría algunas atribuciones y perdería otras. A través de la derogación de la fracción XI del Artículo 10, el Patronato dejaría de vigilar que las empresas contratadas para ofrecer esparcimiento familiar trabajen con precios accesibles para la economía popular.
El Patronato también renunciaría a la responsabilidad de fijar las tarifas, gravámenes o exenciones que deban aplicarse a servicios y espectáculos.
Si esta iniciativa surte efecto, el Patronato ya no estaría obligado a presentar un informe de resultados a la presidencia municipal capitalina, sino únicamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo. No obstante sí se concede a la autoridad municipal el 30 por ciento de lo que genere la renta de espacios comerciales, “con lo que el municipio tendrá los ingresos necesarios para proveer los servicios públicos a su cargo, como lo son los servicios de limpia, seguridad pública y otros”.
