- El desafío representaría una suma de más de 800 mil jóvenes que se puedan incorporar a los estudios de educación superior
- Alfonso Hernández Pérez indicó que actualmente existen más de cuatro millones de universitarios en el país
Alfonso Hernández Pérez, director de Planeación de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que hasta 2014 existe una cobertura del 34.2 por ciento en educación superior en el país, lo que se traduce en una suma superior a los cuatro millones de universitarios distribuidos en las instituciones en México.
En lo relativo al incremento de cobertura, Hernández Pérez señaló que para el año 2018, a finales de la presente administración, se pretende llegar a una meta de cobertura del 40 por ciento, y aunque aseveró que es un reto que puede ser logrado, aceptó que representa un desafío considerable, ya que significaría la incorporación de 800 mil jóvenes más hacia los estudios de educación superior, logrando que cuatro de cada diez puedan lograr continuar con sus estudios universitarios.
En el caso de Aguascalientes detalló que se encuentra por encima de la media, al manifestar una cobertura del 37 por ciento, tres puntos por encima del promedio, lo que no compromete su actuar durante los próximos años a diferencia de otros estados, donde dijo, las cifras oscilan entre el 20 y 25 por ciento de cobertura, obligando a que sean ellos en quienes se enfoquen las prioridades para la meta de 2018.
Para lograr la meta, el director de Planeación de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP estableció que el presupuesto de egresos de la federación ha contemplado una serie de recursos extraordinarios a través de programas para lograr la consolidación de instituciones de educación superior que han dado cuenta de importantes resultados en materia de cobertura, donde añadió, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) es una importante aspirante que podrá insertarse en el esquema de recursos concursables.
En contraparte, destacó que para el caso de las universidades que no cuentan con registros de validez oficial y operan sin la normativa establecida, siendo coloquialmente llamadas “patito”, existe un proyecto que pretende ser implementado desde nivel federal para poner orden, pero al mismo tiempo respetar las aspiraciones de particulares de poder ofertar servicios educativos, al argumentar que “la concurrencia de la iniciativa privada en la educación es bienvenida, pero se tienen que establecer filtros y controles, ya que actualmente la federación, estados y municipios, pueden entregar los registros de validez”, y sentenció que su importancia en lo que respecta al aporte de la cobertura responde a que uno de cada tres jóvenes en educación superior cursa sus estudios en una universidad privada.
