Debaten en Congreso el proyecto de municipio capital en Alameda - LJA Aguascalientes
19/01/2022

  • Se aprueban reformas en materia penal en conformidad al nuevo sistema de justicia federal
  • Consideran diputados que el proyecto de la Alameda está afectando a la flora y fauna del lugar

Sin la presencia de Sylvia Garfias con permiso de la presidencia, la LXII Legislatura sesionó el día de ayer sin discusión ni reclamos, dando lugar al diálogo simple y consenso generalizado; en asuntos en cartera, se dio entrada a la iniciativa para reformar el Código Civil en materia del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, enviada por el gobernador, así como el anuncio de los cambios que el grupo parlamentario del PAN efectuaba en ciertas comisiones a raíz del nombramiento del nuevo coordinador.

En busca de homologar el marco legal local con el nuevo sistema penal, la Comisión de Justicia emitió un dictamen donde se reforman varios artículos del Código Penal, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; enfocados a la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, armonizando lo dispuesto por los marcos legales antes mencionados y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La reforma contempla (entre otras cuestiones) la redefinición de algunos conceptos legales, como el caso del “delito grave” por el de “delito de prisión preventiva oficiosa”; algunas de las conductas criminales que ahora se incluirán en dicha clasificación, como “abuso sexual”, pasarían a ser delitos de “violación sexual equiparada”. También se clarifica el mecanismo por el que un juez podría ser sujeto a un proceso penal, al explicar que la Fiscalía tendría que integrar un expediente, que a su vez será revisado por el Supremo Tribunal de Justicia, para determinar la procedencia del inicio de un juicio penal.

Una vez aprobada la reforma en lo general por mayoría (no se encontraba Eduardo Rocha en el Pleno a la hora de la votación), Leonardo Montañez Castro manifestó su oposición en lo particular a la reforma del Artículo 2, ya que se argumentó que el Artículo 73 de la Constitución Política Federal establece que es competencia del Congreso de la Unión la modificación de las normas en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución y de ejecución de penas.

A pesar de su argumento, la petición de modificar el proyecto de decreto en materia de la Ley de Ejecución de Sanciones fue rechazada por 14 votos en contra (PRI-PVEM, Nueva Alianza), ocho a favor (PAN y PRD) y dos abstenciones (PT y Movimiento Ciudadano).

En otro punto de la orden del día, se puso a debate el dictamen que contenía la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual buscaba modificar la fecha de entrega del informe anual que hace el presidente del Supremo Tribunal de Justicia al Poder Legislativo; sobre la actividad, resoluciones, sentencias y ejecución de ellas mismas, así como la administración de los recursos financieros del Poder Judicial.

El promotor Leonardo Montañez Castro sugirió que dicho informe de actividades se entregue al Congreso local el último día de febrero en lugar del 15 de enero, e incorporar al texto normativo el término de administración de justicia. Sin ningún reclamo ni debate, el dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.

De igual manera, fue aprobado por unanimidad la solicitud del Ejecutivo para ejercer actos de dominio respecto de tres predios propiedad del gobierno estatal a favor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del municipio de Aguascalientes, predios en los que se asienta actualmente el Instituto Tecnológico de Aguascalientes.

En su tiempo, el gobierno aprobó la construcción de esta institución debido a la necesidad que se tenía de contar con un espacio educativo tecnológico, otorgando la posesión de dicho predio dado que no se requería la donación o venta del mismo; los terrenos que ocupa la infraestructura del ITA son propiedad del gobierno estatal, por lo que se considera necesario la transmisión de la propiedad a la dependencia a la que el instituto se encuentra incorporado (SEP).

Ya que en los terrenos localizados entre la avenida Tecnológico y la avenida Adolfo López Mateos se han edificado diversas vialidades públicas, se requería la subdivisión formal de los terrenos en la que se deslinde con toda exactitud la porción de tierra que será transmitida a la SEP de la porción de espacio que ocupan las vialidades, porción que será transmitido al Ayuntamiento capital.

Asuntos Generales

A nombre del Partido del Trabajo, Jesús Rangel de Lira destacó como positivo el que se haya determinado el aumento de un 2.6 por ciento al salario mínimo de la zona B del país, pasando de 66 a 68 pesos a partir del mes de marzo del presente año, “aunque puede parecer poco, esto es el inicio de un avance en el combate a la desigualdad de ingresos que prevalece en el país”; sin embargo, aclaró no es una medida suficiente para lograr mejoras en la economía mexicana.


A su vez hizo énfasis en la necesidad de bajar el precio del litro de gasolina y no sólo dejar de incrementar mes con mes el costo, “en San Antonio, Texas, el litro cuesta alrededor de seis pesos, aquí en México está por arriba de los 13 pesos, siendo que México es un país petrolero, es ilógico”. Siendo muestra de la ausencia de una buena planeación en las decisiones del Gobierno Federal.

“Estos son los verdaderos problemas que afectan a la población en su poder adquisitivo y del cual se derivan otras problemáticas sociales y económicas”, reprobándose que otras autoridades y actores políticos insistan en debatir otros temas de menor importancia, dejando de lado la realidad de lo que aqueja a las familias mexicanas.

Por su parte, en representación de la bancada mixta PRI-PVEM y del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Anayeli Muñoz Moreno presentó un punto de acuerdo con carácter de urgente para convocar a las autoridades competentes (como Proespa, Secretaría de Medio Ambiente y Semarnat) a que intervengan y apliquen la ley al Ayuntamiento capitalino conforme a su proyecto en el camellón de avenida Alameda, donde por la construcción de un área cultural se han estado derribando árboles de gran edad y tamaño.

“Este lugar se está viendo afectado al llevar a cabo una obra pública con fines de remodelación de ese espacio urbano, pero está deteriorando de manera considerable el medio ambiente y el entorno ecológico en ese punto de la ciudad”, se señala que tal proyecto carece de preservación ecológica y planeación correcta, “están dañando las especies vegetales y fauna que habitan ahí”; hizo un llamado para que se revise el estudio de impacto ambiental -si es que existe- y se tomen medidas urgentes para proteger el área.

Ya que se solicitó el considerar la propuesta de punto de acuerdo como urgente, se puso en votación aprobando el planteamiento a debate por 16 votos a favor y cuatro en contra. Comenzando con el debate, Oswaldo Rodríguez García se manifestó en contra de la proposición, señalándose que se trataba de una alusión a una expresión similar de sesiones anteriores, “es al electorado al que los diputados se deben y la función no se trata de ver quién comete más errores en su ejercicio público, tanto la exalcaldesa como Martin del Campo y Lozano de la Torre tiene puntos a favor y otros en contra pero no nos toca a nosotros ponerlo en tribuna”.

Contrariamente, el priista Enrique Juárez Ramírez dijo que los gigantes álamos de la Alameda están ahora caídos y derrotados “por la desmedida ambición y la ignorancia de la autoridad municipal de la capital”, ya que desde su perspectiva, parece que se entendió que la obra era una destrucción ecológica en vez de restauración ecológica. “A este gobierno azul no le gusta el color verde, mientras la anterior administración municipal edificó la Línea Verde, hoy el gobierno capitalino del PAN está convirtiendo la avenida Alameda en la línea muerta”.

En representación del Partido Nueva Alianza, Juana Alicia Espinosa de los Monteros aclaró que dicho punto de acuerdo no era una agresión dirigida hacia algún funcionario, sino un exhorto para que haya una adecuada supervisión y se impida la tala de árboles, tomando en cuenta que la entidad cuenta con pocas zonas verdes y requiere de más áreas de recarga de acuíferos libres de cemento y jardines que amortigüe el clima extremoso.

Aunque reconoció que el alcalde Antonio Martín del Campo ha efectuado algunas obras buenas, ésta en particular no fue atinada, por lo tanto, el punto de acuerdo urgente era un llamado a reconsiderar una mala decisión, no a criticarlo por ser emanado de algún otro partido político, “necesitamos espacios de tierra para que se absorba el agua, no necesitamos más cemento”.

Una vez terminado el debate por Muñoz Moreno, la votación nominal resultó satisfactoria con 13 votos a favor (PRI, PVEM, Nueva Alianza), cuatro en contra (Movimiento Ciudadano y cuatro diputados del PAN) y cuatro abstenciones (PRD y Martha Márquez Alvarado y Mario Álvarez Michaus del PAN).

Sin más participaciones ni temas a tratar la sesión fue clausurada con la sala casi vacía, citándose a la próxima sesión el 29 de enero en punto de las 11:00 horas; fecha en la cual se había señalado como probable para debatir el nuevo Código Electoral; sin embargo, los trabajos de análisis aún no han sido concluidos por lo que se prevé atender el dictamen hasta la próxima sesión, ya entrado el mes de febrero.

 


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