Esfera Pública: No hay construcción de ciudadanía en el secuestro – LJA Aguascalientes
13/08/2020


Francisco Aguirre

Luchar por la democracia sin siquiera haber terminado de luchar por ella y por su verdadera condición, hasta etimológica, puede resultar en el peor error en la historia de nuestra sociedad mexicana, cosa que con este aletargamiento que vivimos parece concebirse fetalmente como una idea recurrente.

Es un lugar común sentirse decepcionado del gobierno, de las instituciones públicas (aunque la mayoría de los ciudadanos no conozca qué hace qué y quién o para qué), de los representantes públicos, sean ediles, diputados locales o federales o ya no digamos la diferencia significativa entre un senador y otro legislador, y les (o nos) parecerá un constante exceso gastar lo necesario e innecesario para hacer el ejercicio de gobierno “por el bien de todos”; un sentimiento de abandono y desprestigio generalizado (muchas veces ganado) por el simple hecho de embestirse como tal, parece que el debate y el sentido social cae en el espiral del silencio.

Esperar soluciones de alguien más también resulta el más común de los fenómenos sociales, ya no digamos la vana victimización de la carencia de oportunidades, aunque a veces o muchas veces cierta no resulta solucionada de una fórmula mágica ni por superhéroe en acción para ejecutarse, lo real es tampoco pasa todo por el hogar ni por la escuela y no creo que exista una teoría monocausal que responda a la fuerte inquietud generalizada del porqué nuestra sociedad es tan permisiva ante múltiples atrocidades realizadas por los “políticos” que lo único que hace es elevar y consolidar una especie de aristocracia que para malestar total no necesita probar su experiencia en oficinas, o crear un proyecto de gobierno eficiente ni muchos un proyecto legislativo o de gobierno de largo plazo.



Los incentivos de participación ciudadana orquestados desde el Congreso de la Unión tienen fuertes claroscuros, la mayoría más oscuros. La consulta ciudadana sufrió un fuerte fracaso, para expectativa de muchos en la que estoy incluido. Las candidaturas independientes pasaron de ser el experimento legal de algunos por la legitimidad de la representación popular o ser flanco abierto de actores con capacidades económicas y políticas suficientes para “cumplir” con los requisitos recientemente establecidos. Ya no hablemos de la iniciativa ciudadana, una total desconocida por la ciudadanía. Pero, ¿qué podríamos esperar de esos cambios, que por muchos años la academia y la oposición deliberaban fuertemente a favor, si fueron realizados por la misma aristocracia que construye a su modo?

Y es que, la participación y el poder natural que otorga el voto cada elección no logran traducirse ni concretarse de esos malestares al destierro burocrático de la ineficiencia. En términos prácticos, para ser francos, el sistema actual promueve e incentiva para que todas las estrategias electorales se concentren en actividades clientelares, insisto en que la ingenuidad no me domina, pero, quién o qué candidato que sabe que va a competir de esa forma se siente motivado de poder cambiar su entorno y comprometido con un partido carente de estructura clientelar sin caer en ese mismo óvalo prolongado, de conseguir algún beneficio personal.

Cuando en participación ciudadana y democracia se ve al voto como algo útil, necesario y heroico, sus raíces parecen que empiezan a carcomerse. Los partidos empiezan a beneficiarse del desprestigio del voto, e inclusive la mayoría de las veces y de acuerdo a la “estrategia” alienta e incrementa ese mismo sentimiento porque sabe que cuenta con mecanismos suficientes para beneficiarse de una participación ciudadana cada vez menor. Tan solo en el 2013, en Aguascalientes, votaron 378,388 de alrededor 822,700 posibles votantes en la lista nominal del Instituto Electoral, y es que tampoco creo que esa tendencia con la reciente inclusión de candidatos independientes contribuyan a disminuir y abatir el abstencionismo o el voto nulo.

Porque lo mismo sucede con el voto nulo, o voto en blanco, definido como un ejercicio de no encontrar dignidad en ningún candidato presentado por los partidos e inconformarse en la boleta electoral, y es que no es casual que en las dos pasadas elecciones federales 2009 y 2012 el porcentaje de votos nulos sea de 7.9 por ciento, mientras que en el 2013 fue de 4.2, aunque como ya dijimos, con una participación menor, entonces, ¿por qué no proponer que el voto nulo se traduzca en reducción de presupuesto para los partidos políticos y cambiar la fórmula de asignación de recurso que privilegie a los pequeños, algo parecido a los drafts en el deporte, donde los peores equipos de la temporada eligen a los mejores jóvenes para reforzar a sus equipos para la siguiente lo que procura competitividad, así con las prerrogativas?, si no, ¿cuál será el “castigo” de los partidos?, encontremos y busquemos formas de lastimar el punto en donde en realidad le duele a la partidocracia, no sólo en el desprecio y en el olvido.

Y es que también el sentimiento de sentirse representado, de acuerdo a tu estrato social, clase, gustos, ideas, actividades, de los partidos políticos (en general) comienza a prolongar la distancia entre eso y la realidad. O ¿por qué en esta época de “chapulines”, un funcionario se debe más a su partido (o en su lógica sectaria, a un grupúsculo de su partido, algo aún menos representativo) que a la sociedad a la cual se supone su deber de servirla? En 2012, 220 diputados federales (aproximadamente) fueron chapulines, saltaron de ese mandato a otro, sea alcalde, gobernador, ediles, diputados locales, senadores, etc o viceversa. En éste año se prevé sean cuando menos otros 100.

Así de secuestrada y limitada está la participación ciudadana en el país, sin incentivos ni caminos, con la asimetría en la competencia, que aunque la reelección sea, antes prohibida, hoy condicionada, resulta de una situación de facto hacia una posición de poder distinta cada tres años o menos y no estrictamente vinculada por el buen desempeño, pero si los ciudadanos (nosotros) no decidimos levantar la voz cada vez más alto y fuerte y no claudicar a sus (nuestras) responsabilidades de exigir el adecuado y mejor servicio y ejercicio de su función, los partidos seguirán haciendo lo que se les venga en placer.

**

Respuesta, de Jesús Medina Olivares:

nstrucción de ciudadanía en el secuestro, procura la reflexión en un tema actual que contribuye al debate sobre nuestra democracia y sus instituciones.

De los diversos elementos argumentativos en que sustentan su proposición principal, centraré mis comentarios en tres aspectos que, en mi opinión, abonan a una mayor comprensión del tema planteado.

Cuestiona, y con razón, la eficacia de las instituciones públicas y del sistema de representación que ha generado en la ciudadanía un sentimiento de desprestigio generalizado.

Cabe recordar que los sistemas de representación se consolidan una vez que se instaura una democracia de partidos. Estos son los principales instrumentos para conformar la integración de los órganos de representación.

En efecto, el papel que han jugado los partidos políticos y la forma en que han contribuido a la formación y funcionamiento de los órganos de representación en nuestro país, les ha generado un desgaste y un grado de deslegitimación significativo. Hablo de una crisis de nuestra democracia representativa.


Parafraseando a Giovanni Sartori: “hay tres tipos de representación de un ente colectivo: jurídica, sociológica y política. En la política, el representante es elegido y debe actuar de conformidad con los intereses y valoraciones de la ciudadanía que lo sostiene, para mantener su confianza”.

La representación política supone que la voluntad del pueblo soberano es la que se deposita en un órgano de representación del Estado, que puede ser el Ejecutivo o Legislativo.

Resulta incuestionable que, en México, nuestro sistema de representación ha sido todo, menos eficaz. La ciudadanía no se ve personificada en sus representantes. En ocasiones, caminan en sentidos opuestos.

Según encuestas de opinión, un alto porcentaje de la población, no confía en sus representantes. Situación grave ya que la confianza es un elemento primordial sobre el que descansa el sistema representativo.

El problema es que nuestros representantes no defienden los intereses de la ciudadanía, sino sus propios intereses y posiciones de privilegio. Situación que, además de alejarlos de las bases populares, ha propiciado una fuerte carga de descrédito que afecta a los partidos y a la política.

De la misma manera, una mayoría de ciudadanos ve al sistema de partidos como organismos no confiables ni respetables. Una de sus principales funciones es la de ser intermediarios eficaces, entre la sociedad y el Estado, de las demandas sociales y argumento para justificar racionalmente su acceso al poder.

Es decir, tratan de resolver las demandas sociales, por la vía de la implementación de políticas públicas desde el Ejecutivo, o por la producción leyes en beneficio del conjunto social.

En contrasentido, los partidos políticos se han caracterizado por su incapacidad para integrar las demandas ciudadanas y proponerlas al Estado, para que éste las atienda. Más aún, están siendo desplazados como intermediarios hegemónicos entre la sociedad y el Estado, por organizaciones no gubernamentales y algunos medios de información.

Estos son algunos de los factores que han contribuido al desprestigio y desconfianza hacia los partidos, los políticos y con ello, la erosión de la democracia representativa.

Respecto al planteamiento de que el voto nulo se traduzca en reducción de presupuesto para los partidos políticos y cambiar la fórmula de asignación de recursos que privilegie a los pequeños, es un tema que tiene varias aristas.

En nuestro país el derecho de anular el sufragio está contenido en el marco jurídico, sin embargo, no contempla consecuencias jurídicas o financieras como ocurre en otros países, donde un 25% de los votos nulos, puede ser objeto de anulación de una elección.

En el nuestro no es causa de nulidad, tampoco se traduce en un menor financiamiento a los partidos. Su único efecto jurídico es que se amplía la base de votos emitidos sobre la cual se calcula el porcentaje necesario para conservar el registro legal de los partidos.

En consecuencia un mayor voto nulo a quien realmente perjudica es a los partidos pequeños, ya que eleva la probabilidad de que pierdan su registro.

Si bien el voto nulo tiene como propósito, según movimientos anulistas, hacer patente la inconformidad por la ausencia de alternativas auténticas, contra el régimen político y sus gobernantes, tiene otra dimensión y hasta un efecto contrario al que se desea. Favorece la continuidad y fortalecimiento del sistema vigente.

Aguirre concluye, tratando de dar respuesta a la tesis principal y con un llamado a la ciudadanía a levantar la voz y exigir a los partidos el adecuado ejercicio de su función, so pena de seguir haciendo lo que se les venga en placer.

Considero que la exigencia, además de focalizarse en los partidos, se debe encauzar a resolver el problema de fondo de nuestra tradición histórica mexicana que ha anulado sistemáticamente la existencia plena de la ciudadanía. La inoperancia de un Estado que es precisamente, lo que da cobijo.

Por ciudadanía me refiero al reconocimiento ciudadano como un sujeto de derechos, que tiene conciencia de ellos, la posibilidad y la capacidad de defenderlos, los cuales sólo es posible a través del pleno acceso al orden jurídico que la ciudadanía concede y el Estado tutela.

Por lo tanto, se debe emplazar a una refundación del Estado, a un nuevo acuerdo. Un nuevo contrato social.

En términos de Rousseau, el pacto social parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato.

En suma, el propósito es transitar a una etapa en la que el Estado propicie construir una mejor ciudadanía, que garantice el reconocimiento y protección de los derechos individuales, sociales, económicos y culturales, que fundan la parte dogmática de nuestra Constitución.

 

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