- Todos los municipios quedarían obligados a adecuar sus presupuestos
- Iniciativa de ley habla sobre mecanismos para evaluar a los 3 niveles de gobierno
- En Aguascalientes, la violencia es herencia de “tiempos pasados”
A dos años para que concluya el sexenio, el gobernador de Aguascalientes ha citado una serie de “recientes estudios” para justificar la creación de una ley que montaría a la ciudadanía en la cadena para prevenir el delito.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, refiere Carlos Lozano de la Torre en la iniciativa recién enviada a la diputación, está convencida de que sin el ciudadano de a pie el combate al delito no producirá los resultados esperados.
“Es por ello que con un nuevo esquema, la formulación de programas y la realización de acciones del quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad”.
La pretendida Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, expone los motivos, busca implementar sistemas de medición para evaluar, “en un ejercicio cívico”, el desempeño de los tres niveles de gobierno en este campo.
Además, se habla sobre la creación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana como organismo desconcentrado, aunque siempre coordinado por los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Lozano menciona la generación de un Observatorio Ciudadano, perteneciente al Consejo Estatal, y con la labor de proveer información sobre seguridad, violencia, delitos y delincuencia.
“Con esta iniciativa se pretende actualizar, en congruencia con las tendencias modernas a nivel mundial, la investigación y la difusión de conocimientos sobre los fenómenos de la violencia y delictivos así como establecer de manera institucional las mejores prácticas para prevenirlos”.
La propuesta que cataloga a mujeres, niños, familias, jóvenes y comunidades como grupos vulnerables está compuesta por 40 artículos y seis de carácter transitorio.
Se asegura que en Aguascalientes la violencia es herencia de “tiempos pasados”. Entre los orígenes del fenómeno están la falta de cohesión comunitaria, el abandono de los espacios públicos, el aumento en el consumo de drogas y la pérdida de valores cívicos.
Si se quiere lograr un frente común, reconoce el promotor, la ciudadanía deberá recobrar la confianza en las instituciones públicas y encontrar vías de participación activa.
Los indicadores y métricas estandarizados que recabe el Consejo Estatal de Seguridad Pública deberán tener como mínimo datos de edad, sexo, ubicación geográfica y pertenencia étnica.
Al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana se le asignarían funciones estadísticas: investigación sobre conductas antisociales, diagnósticos, mapas de riesgos, estudios comparativos y formulación de recomendaciones, así como incitar la participación de las universidades.
Destacan entre sus atribuciones la evaluación a las políticas públicas de la materia y el papel como garante del libre acceso a la información que produzcan todas las dependencias.
“Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las directrices y mecanismos establecidos por el Reglamento del Centro Estatal”.
La participación civil en aspectos de prevención del delito, organizada o no, dice el titular del Ejecutivo, debe ser considerada como un derecho, lo cual daría pie a once consejeros municipales.
“El estado y los municipios preverán en sus respectivos presupuestos recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana derivados de la presente ley”.
