- A pesar de que se habla de las investigaciones, los resultados no han producido fruto alguno
- Ni el Senado ni la Cámara de Diputados se ha preocupado por la creación de una comisión especial que dé seguimiento y contraste las investigaciones y versiones emitidas
Se cumplirán cinco meses de un hecho que ha marcado al país en la última mitad del año, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en la comunidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, sigue siendo una incógnita en la que todo pareciera indicar, según las investigaciones realizadas por el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, que la apuesta es al olvido. No han sido pocos los analistas que han destacado la posibilidad de que se esté apostado por el olvido, al que se suma la omisión de los poderes.
Y es que la versión de la PGR sobre la llamada “verdad histórica” se ha convertido en un desmoronamiento abordado por la sociedad civil y los padres de los desaparecidos, quienes mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus hijos, a pesar de que se pretenda dar “carpetazo” al asunto. Sin embargo, ni la disminución en la efervescencia de la problemática, con la reducción de manifestaciones en solidaridad en todo el país, ha frenado la indignación, convertida en reclamos de justicia sobre los asesinatos y exigencia de claridad en las investigaciones de los desaparecidos, como sucedió con la manifestación que se llevó a cabo apenas el pasado domingo.
Han tenido que ser las organizaciones de carácter internacional, aquellas que asuman la responsabilidad sobre el esclarecimiento de los hechos. Las críticas por parte de los peritos argentinos sobre la metodología en el seguimiento de los hechos por parte de la PGR en el caso Ayotzinapa, y el arribo de más investigadores provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han incentivado la desconfianza por parte de la sociedad ante las versiones oficiales.
No obstante, todo ese contexto, al que se suman las críticas de Amnistía Internacional, y los informes sobre el creciente fenómeno de la desaparición forzada en el país durante los últimos años, presentado a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha servido para que los actores políticos asuman, desde su función, la posibilidad de incidir en el seguimiento a las investigaciones, y garantizar la presentación de resultados confiables ante la población. Tal es el caso del Congreso de la Unión, que en un principio, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, se encargó de visitar el estado de Guerrero y únicamente emitir un dictamen acerca de la existencia de gobernabilidad en dicha entidad.
En el caso del Senado, tal y como lo detalló el senador por Aguascalientes, Miguel Romo Medina, los grupos parlamentarios se han acotado a pedir a las autoridades competentes continuar con las investigaciones, tanto las del nivel local como federal, para actuar “con todo rigor y apego a la ley”. Sin embargo, el vicecoordinador de los senadores priistas descartó la existencia y conformación de una comisión especial investigadora que lleve a cabo el seguimiento correspondiente y pueda llevar a cabo un minucioso análisis acerca del contraste entre la investigación de la PGR con la de los investigadores externos, aunque consideró que es suficiente el trabajo que están realizando algunos legisladores a través de la Comisión de Justicia, y enfatizó, “es lo que hay que hacer, que las autoridades investiguen con exactitud, con precisión, con apego a la ley y los derechos humanos”.
Seguramente las declaraciones continuarán, pero la confiabilidad de la investigación seguirá dependiendo del aporte de actores externos al Estado mexicano, donde sus integrantes, a través de las diferentes expresiones políticas y poderes, parecieran estar más preocupados por los resultados derivados del proceso electoral que se desarrolle el próximo 7 de junio, y para entonces se habrán cumplido más de nueve meses sin conocerse el paradero de los normalistas de Ayotzinapa.
