Son ya casi 100 años del Congreso Constituyente revolucionario que reformuló la Constitución de Querétaro, heredera y reforma de la liberal de 1857, que a su vez se inspiraba en los Sentimientos de la Nación de don José María Morelos y de la incipiente experiencia constitucional de Cádiz en 1812.
Así que no sobra, en los aciagos tiempos que corren para la República y la nación mexicana, recordar el texto del multicitado 39 constitucional: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno”.
No hay, pues, sorpresa, sedición o complot de fuerzas oscuras y desestabilizadoras en un texto vigente por lo menos desde 1917, donde se ponen las cosas bastante claras.
Por su parte, la teoría constitucional clásica considera que las constituciones políticas contienen la voluntad soberana del pueblo, fijan las garantías y derechos fundamentales (la parte dogmática, se dice, y que serían más o menos los 26 primeros artículos del texto vigente). Y luego está la parte llamada “orgánica”: división de poderes, la forma de gobierno y las atribuciones y delimitaciones del poder público al que alude el citado 39. Inmediatamente después, el 40, establece la forma de gobierno: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal”…y etcétera.
Ya sabemos por nuestra experiencia cotidiana que nuestra realidad está muy lejos de verse reflejada en nuestras máximas constitucionales vigentes. No tenemos instituciones representativas, tenemos una gran crisis de confianza y credibilidad encabezada por “la casta” privilegiada, donde la corrupción, venalidad y malos gobiernos violan reiterada y sistemáticamente nuestro pacto político fundamental, y donde los resultados están a la vista: una democracia desgastada, amante de los ritos huecos, atrasada, incipiente y débil donde el Estado Constitucional de Derecho está prácticamente ausente.
Así que parece claro que en 2017, 100 años después de Querétaro, los mexicanos necesitamos mucho más que nunca un Estado de Derecho fuerte, que respete y haga valer los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, y en especial de los segmentos más débiles de la población, como mujeres, pobres, pueblos indígenas, niñas y niños, ancianos o incapacitados.
Asegurar la paz, la libertad, la equidad y la seguridad de la República y sus habitantes son las tareas fundamentales del Estado y su razón de existir. Sin ellas, el gobierno no es más que un aparato de gobierno ilegítimo, hueco y fallido. Más y no menos Estado, al gusto de privados locales y foráneos que medran con el interés público en su beneficio grupal, sólo se logra a través de la participación política, donde la población pase de súbditos a ciudadanos de pleno derecho. Luego no es descabellada la propuesta de las fuerzas progresistas de convocar pronto, antes de 2017, a una asamblea ciudadana constituyente que refunde el pacto político de la República.
@efpasillas
