Gobierno no cumple con protocolo sobre personas desaparecidas - LJA Aguascalientes
27/11/2022

  • La sociedad civil reiteró la cifra de más de 300 desaparecidos en la entidad
  • Cambio en personal de las investigaciones revictimiza a los familiares de los desaparecidos

El gobierno no ha cumplido con los protocolos establecidos para las investigaciones sobre desaparición de personas en la entidad, ya que en constantes ocasiones se muestra omiso ante las investigaciones y problemática planteada por los familiares de los desaparecidos que cuentan con la misma información, repitiéndose el fenómeno en todos los casos.

Así lo dio a conocer Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, quien hizo referencia a la situación actual a la que se enfrenta la entidad en materia de desapariciones, reiterando las cifras oficiales que se han manejado a través de la transparencia gubernamental, donde se habla de 239 mujeres y 135 hombres.

Sobre el fenómeno del no cumplimiento de los protocolos, explicó que han sido múltiples las ocasiones en las que no se respeta el proceso que se debe de llevar a cabo, ya que, tan solo en el caso de la joven de 16 años, Paola Yaneth Álvarez Gómez, desaparecida desde el pasado 1 de febrero, la alerta Amber no se activó hasta una semana después de la desaparición.



 

A dicho caso, agregó el de la reciente localizada Sara Estefanía Muñoz Mota, donde a pesar de la omisión de las autoridades estatales, la madre de la joven de 18 años logró localizarla después de cuatro meses sin saber de su paradero, teniendo información acerca de su ubicación en el estado de Coahuila, donde al contactar con la Procuraduría de Justicia y el Instituto de las Mujeres de la localidad, ambos con sede en Torreón, se conoció que éstas no contaba con el ADN de la familia, para poder mantener las investigaciones correspondientes. Muñoz Mota se comunicó con su familia y sólo manifestó encontrarse bien, sin embargo, la presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género estableció que el aislamiento al que se ha sometido, desde la perspectiva de la sociedad civil, da cuenta de problemas de violencia, por lo que enfatizó en la necesidad de que las autoridades continúen con la investigación.

La también presidenta de la Colectiva Feminista habló de la situación del joven Édgar, que se mantuvo dentro de la alerta Alba, y luego fuera encontrado muerto en el mes de noviembre. Sin embargo, la autoridad notificó a la familia apenas hace dos semanas, incumpliendo el protocolo correspondiente acerca del uso del ADN. A la situación de Édgar, expuso, se suman un importante número de casos, donde el Ministerio Público tiene cuerpos de personas desaparecidas pero no responde a la familia al no aplicar dichos exámenes de reconocimiento. El referido fenómeno, añadió, se incrementó en un 20 por ciento tan solo durante 2014.

Otro de los temas en los que se violenta el protocolo de los desaparecidos, dijo, corresponde al constante cambio del personal del Ministerio Público que lleva a cabo las investigaciones, considerado como un proceso de revictimización de los familiares, ya que se tiene que iniciar y comentar todas las líneas de investigación.

Aunado a ello, en materia de cifras sobre desaparecidos, Ávila Montejano recordó los números que se dieron a conocer en 2014 de manera oficial, y cuestionó la información vertida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, que habla únicamente de 36 desaparecidos, desconociéndose la manera en la que dieron con el paradero de cien personas en menos de un mes.

Asimismo, manifestó que como organizaciones civiles no pueden hablar de cuántas personas han reservado la información acerca de la desaparición de sus familiares, pero advirtió que se ha convertido en una constante, donde son presionadas por las autoridades para desistir de las investigaciones, al hacerles creer que se fueron con alguien o pertenecen al crimen organizado.

En síntesis consideró que se sigue propiciando la omisión e indiferencia de las autoridades, lo que se traduce en impunidad, por lo que destacó la obligación de no dejar que se olvide, demandar que se conozca la información acerca del cumplimiento de los protocolos, así como la relativa a los lugares donde han desaparecido las personas y los perfiles de las mismas.



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