Sociedad y Justicia

La violencia es resultado de la insuficiente e inadecuada atención de las instituciones

  • El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes presenta su primer informe de resultados
  • Destacan las dificultades del monitoreo y georreferenciación de la violencia por falta de información desagregada

El 5 de agosto del 2014 se instaló en Aguascalientes el primer Observatorio de Violencia Social y de Género por un grupo de activistas feministas, las cuales trabajaron en un monitoreo de violencia en la entidad, la georreferenciación de la violencia y estadísticas desagregadas de denuncias a casos de violencia (la cual no pudo concretarse por ausencia de información).

A seis meses de iniciar sus labores, presentaron su primer informe de actividades en el  Archivo General Municipal, en compañía de los diputados Martha Márquez, Sylvia Garfias, Mario Álvarez Michaus y Cuauhtémoc Escobedo Tejada; cuestionándose la ausencia de la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Anayeli Muñoz Moreno y de la presidente de la Comisión de Equidad de Género, Juana Alicia Espinosa de los Monteros.

Marcela Martínez Roaro reconoció el trabajo del equipo, puesto que la entidad requería de un ente encargado de señalar y aportar información que funcionara como guía a los gobiernos para la elaboración de políticas públicas adecuadas, así como a las organizaciones civiles para la creación de proyectos efectivos.



“Pocas instancias -por no decir ninguna- en Aguascalientes se ocupan de darnos cuenta el día a día de lo que está pasando con las mujeres”, aquellas cifras que más allá de ser números duros significan el dolor que viven las mujeres una y otra vez. La activista hizo énfasis en que a pesar de que las autoridades insistan en que la entidad es segura y nunca pasa nada, la realidad es que la violencia va en incremento, sobre todo enfocada a las mujeres y niños.

Al iniciar el detalle de los resultados obtenidos, Mariana Ávila puntualizó que la tarea no ha sido fácil por el cerrado acceso a la información que se tiene en la entidad por parte de las autoridades correspondientes, teniéndose que utilizar herramientas como peticiones a Transparencia y a los medios comunicación. Para efectuar un trabajo más detallado se hizo la categorización de cinco tipos de violencia entre los cuales se abundaría en tres: la violencia feminicida, la sexual y la económica.

Violencia feminicida

En su análisis y sistematización se subcategorizó en feminicidios, intentos de feminicidios y el suicidio inducido. La violencia feminicida es una forma de violencia extrema contra las mujeres, producto de la violación a sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, en conjunto de conductas misóginas (social y gubernamental) que culmina en asesinato y otras formas de muerte violenta.

Ávila destaca que el feminicidio es la parte visible de aquella violencia sistemática contra los derechos humanos, encontrándose que en el 2014 se registraron seis feminicidios, lo cual colocó a la entidad por encima de la media en brutalidad a diferencia de otros estados.

Se tuvo un suicidio inducido comprobado que, en lo particular, se sigue peleando para que se  ejecute el procedimiento penal, ya que el agresor salió libre de toda culpa por el pago de una mínima cantidad económica.

Durante ese año se tuvieron 16 intentos de feminicidio de mujeres que llegaron al hospital con 15, ocho y cinco puñaladas o el 40% de su cuerpo quemado (por poner un ejemplo), los casos desglosados se pueden encontrar en el portal web del Observatorio http://www.ovsgags.org.mx/ en la pestaña de Monitoreo.

“La violencia no es algo personal ni de quien infringe la violencia, sino de la atención insuficiente e inadecuada por parte de las instituciones”, además de la omisión y la impunidad que son considerados como los principales factores determinantes que inducen al feminicidio con mayor facilidad.

Violencia sexual

Al iniciar actividades, el Observatorio emitió una solicitud de transparencia a la Procuraduría General de Justicia para que entregaran los datos desagregados de sexo, edad, número de procesados y zona caracterizadas por violencia; sin embargo, la autoridad respondió con una página web que estaba en construcción y se dijo no competente a esta información.

“Se obtuvo una reunión con el procurador donde se le reiteró dicha petición así como el tema de las alertas, pero seguimos sin recibir la información”, la única información recibida muestra un corte de cinco meses donde se destaca que el número de atenciones era mucho  menor al grado de cifras de mujeres y niños que están sufriendo de violencia y abuso sexual.

Los datos oficiales registraron un total de 377 denuncias por violencia sexual equivalentes a 1.4 diarias, “mediante el monitorio nos percatamos que las mujeres no están denunciando y que la gran mayoría de los casos son en menores de edad”, los cuales son denunciados por personas cercanas al niño o niña, pero nunca por los padres, pues un porcentaje alto de los asaltos sexuales son efectuados por sus padres, padrastros o algún otro familiar cercano.

Aunque el INEGI señala que la edad promedio en la que se sufre mayor número de abuso y violencia en las mujeres es de los 20 a 29 años, en el monitoreo en medios de información se encontró 115 casos en menores de edad, “nosotras nos preguntamos, y dónde están todas esas mujeres violentadas”.

Con apoyo visual se presentaron las gráficas realizadas con datos estadísticos donde se destaca que el 20.8 por ciento de los delitos ocurrieron en algún lugar cercano de la propiedad del agresor, y el 92 por ciento de ellos son casos de abuso o violación a menores.

En el análisis de la georreferenciación con los mapas proyectados, las activistas alertaron que la mayor zona con casos de violencia sexual fue el oriente de la capital, con una preocupante ausencia de denuncias en los municipios, sobre todo en aquellos donde se sabe que la violencia de género existe pero no está visibilizada, “hay municipios que no tienen ni una denuncia, pero eso no significa que no haya mujeres violentadas”.

Al hacer visitas de campo a los ayuntamientos, se encontró que mientras más alejadas estén las mujeres de la cabecera menor participación tienen en la sociedad, “es más complejo el proceso de la denuncia, hay menos cultura, falta de estudios, excesiva dependencia económica de sus parejas y gran desconocimiento de cómo hacer una denuncia”.

La totalidad de los casos de violencia y abuso sexual fueron agresores del sexo masculino y se destaca el miedo, la culpa, la pena, la falta de apoyo familiar y la desconfianza en las instituciones, como los factores principales de la falta de denuncias en la entidad.

“La problemática está en que muchas mujeres están callando y eso, en lugar de disminuir, aumenta la facilidad para replicar la violencia en más mujeres”. Según la Comisión Especial para el seguimiento de feminicidio la tasa de denuncias en Aguascalientes es de 16.53 por cada 100 mujeres.

Violencia en los procesos legales

Otro de los grandes conflictos en esta tarea es la interrupción de los proceso legales debido a la complejidad en los trámites, la falta de sensibilidad de los funcionarios de primer contacto, protocolos de actuación, alertas y el horario de atención, “tuvimos un caso de una mujer que no pudo hacer su denuncia por abuso sexual porque era día feriado y en el ministerio público no había nadie, tuvo que hacerla pasando el descanso inmerecido”.

Se destacó la ignorancia de las autoridades estatales de los acuerdos internacionales en los que está suscrito México para la eliminación de las formas de violencia y la revictimización, en temas de derechos humanos y equidad de género.

“Los datos de violencia sexual deducen que ésta ocurre de forma sistemática y generalizada, en gran medida sucede en el entorno familiar”. Ávila puso énfasis en la urgencia de la desagregación de los datos para lograr visualizar el grado que ha alcanzado la violencia social y de género en Aguascalientes.

Violencia Económica

Entendiéndose que la violencia económica, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es “toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima, la cual se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”; se registró lo siguiente:

VIOLENCIA ECONÓMICA
Hostigamiento y acoso sexual Embarazo VIH

SIDA

Orientación

Identidad sexual

Violencia patrimonial Discriminación Salarial Pensión alimentaria
Ago 0 0 1 6 5 2 3
Sep 0 1 0 11 2 0 0
Oct 1 0 0 12 4 1 0
Nov 0 0 2 10 4 0 0
Dic 1 0 4 1 1 0 0

En Aguascalientes hay 106 mujeres por cada 100 hombres, de las mujeres ocupadas, el 17.2% trabajan por cuenta propia, el 2.6% son empleadoras, el 5.9% no reciben remuneración por su trabajo y el 74.3% subordinadas y remuneradas. Las actividades en las que predomina la participación de las mujeres son relacionadas con la salud quienes representan el 70% de las personas ocupadas en el sector.

“El gran mérito de ustedes es que señalan lo que no sabemos que ocurre por ausencia de transparencia e información”, destacó Rosalinda Arechar Lara de Fundación VIHDHA, asegurando que el Observatorio tiene la encomienda de abrir conciencias para que existan marcos legales adecuados, protocolo de actuación apegados a los derechos humanos e instancias que cuente con los recursos humanos y económicos para atender y erradicar la violencia social y de género.

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Itzel Acero

Itzel Acero

1 Comment

  1. Pascal Bomy
    11/02/2015 at 21:12 — Responder

    ¡Felicidades a todos/as los/as activistas que están haciendo una gran labor por la falta de acciones de parte del Estado! Necesitan más apoyo de parte de la sociedad civil para avanzar e invertir todas estas problemáticas.

¡Participa!