- Aguascalientes tiene uno de los mejores sistemas penitenciarios del país, según investigaciones del CIDE
- Hay una grave desproporción en la penalización de delitos, hacer drogas es más grave que violar a un niño
Debido a la gravedad de las consecuencias que tiene el derecho penal en México, la investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa González, ha dedicado serias averiguaciones sobre el sistema penitenciario y las afectaciones a los derechos humanos.
En entrevista para La Jornada Aguascalientes, destacó que uno de los principales retos del sistema penitenciario es lograr el respeto pleno a los derecho fundamentales de los internos, “lo que hemos encontrado en distintas investigaciones es que entre más grandes son los centros y más sobrepoblación existe en ellos, hay más aparición de golpes entre los internos, de robos de pertenencias y todo tipo de situación que vulnera la seguridad y la integridad personal de los internos”.
Existen ciertos indicativos de alertas sobre si está bien o mal un sistema penitenciario, destacándose que Aguascalientes es -en el país- unos de los mejores sistemas penitenciarios, pues la sobrepoblación no alcanza los niveles alarmantes que hay en otros centros.
Con los resultados de sus investigaciones, la especialista dijo que los peores calificados son los de la Ciudad de México, en los cuales se presentan más del 200 por ciento de sobrepoblación; para dimensionar la gravedad del problema, ejemplificó con lo siguiente: “imaginen una celda hecha para doce personas, en Aguascalientes a lo mucho hay 15 mientras que en algunos centros de la Ciudad de México llegan a tener hasta 24 o más de 30 internos en esa misma celda”.
En esos centros se llegan a dar los fenómenos del “vampirismo”, que consiste en que los internos tienen que dormir parados amarrados de las rejas porque ya no hay cupo para acostarse uno junto al otro; “aquí estamos hablando de condiciones infrahumanas”, que desde cualquier parámetro van en contra de todo lo que México ha suscrito en materia de derechos humanos y seguridad pública, tanto en la Constitución federal como en tratados internacionales.
Una de las medidas que ha tomado las autoridades gubernamentales ha sido la construcción de nuevos centros, sin embargo, esto es cuestionable desde la perspectiva de la investigadora, pues la creación de más espacios no resuelve los problemas del sistema penitenciario nacional.
“Lo que se tendría que hacer es revisar la tendencia que hemos tenido en los últimos años de expandir el sistema penitenciario”, la forma en que muchos legisladores tratan de resolver el problema de inseguridad con penar más conductas con cárcel y alargando las penas por todos los delitos.
Junto a otros investigadores se han encontrado sentencias muy largas que francamente no corresponden a la gravedad de los delitos, “por ejemplo, un delito de producción de estupefacientes es penado de forma más severa que la violación sexual de un menor”, lo cual es claramente desproporcionado.
Razón por la cual se ha debatido en diversas mesas la urgencia de que los legisladores revisen minuciosamente el marco legal penal, las conductas en México y cómo se está utilizando el sistema penitenciario para resolver los problemas de seguridad y violación a los derechos humanos de los internos.
