Sociedad y Justicia

Veta Jesús María a un par de exfuncionarios; exige el reintegro de 231 mil pesos

  • La antigua directora de Finanzas recibió nueve amonestaciones públicas
  • Quedaron treinta observaciones pendientes a las dos últimas administraciones

Inmerso en una auditoría privada desde el inicio del trienio de Antonio Arámbula López, el Ayuntamiento de Jesús María, a través de su Contraloría, emitió una serie de sanciones para funcionarios de las administraciones 2008-2010 y 2011-2013.

El expediente CM-006-2011 refiere que Hilda Dávalos Huerta, directora del DIF municipal en 2010, debe quedar inhabilitada de cualquier cargo en el servicio público por un lapso de 15 años.

Se dice que deberá resarcir un monto de 203 mil 369. Dávalos aparece señalada por no enterar a la Secretaría de Finanzas sobre la realización de una serie de eventos.



Datos de la Contraloría Municipal señalan que había 170 observaciones por solventar. Las administraciones salientes no pudieron desahogar 30 de estos procedimientos.

El expediente CM-024-2011 menciona que Ramón Arroyo Guzmán, jefe del Departamento de Compras de 2008 a 2010, debe quedar inhabilitado por diez años. Se le pide reintegrar a las arcas 28 mil 140 pesos después de adquirir dos equipos para patrulla idénticos, aunque con diferencia de precio.

Ambas personas contaron con el tiempo suficiente para presentar apelaciones, sin embargo ninguna lo hizo.

Nueve de diez amonestaciones públicas -sin ningún efecto legal- son para Delia Padilla Guardado. La directora de Finanzas en la administración del priista Martín Chávez del Bosque (2011-2013) omitió “realizar las gestiones necesarias” para recuperar una seguidilla de préstamos que el Ayuntamiento hizo a sus propios funcionarios. Dicha cantidad no aparece especificada.

A Padilla también se le imputa por “no realizar las gestiones necesarias para cobrar los saldos pendientes, de diversos deudores, agravando dicha conducta al no haber hecho del conocimiento de tal situación a la Contraloría Municipal de Jesús María”.

Además de olvidar el pago a los proveedores del Cabildo, dejó de cobrar saldos a favor de la autoridad.

Marco Antonio Sánchez y Roberto Hernández comparten amonestación. Exsecretario y exdirector de Obras Públicas, respectivamente, están señalados por no integrar debidamente los expedientes unitarios de varias edificaciones.

 

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Carlos Alonso López

Carlos Alonso López

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