- Los diputados esperan que la propuesta no se apruebe tal y como la promovió el Ejecutivo
- En las últimas semanas se han incrementado las manifestaciones en contra de esta Ley
El reciente planteamiento de la iniciativa en torno a la Ley General de Aguas, propuesta por el Ejecutivo Federal, se ha caracterizado por generar un importante número de manifestaciones opositoras, al considerar que el fondo de la propuesta pretende llegar a privatizar el servicio de la entrega de agua potable en todo el país.
Al respecto, cuestionamos a Fernando Belaunzarán Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien enfatizó que el aplazamiento en la discusión del dictamen responde a la necesidad de ampliar el debate, al asegurar que “afortunadamente, se llegó al acuerdo de ampliar el debate y abrir el espacio para académicos y especialistas en la materia”.
La necesidad de responder a los reclamos de la sociedad civil, así como los partidos opositores al gobierno en turno, dijo, permitió que se pudiera ampliar la discusión, ante un escenario en el que en un principio se veía como un grave riesgo privatizador del agua, poniendo los intereses de consorcios y privados por encima de la gente y el derecho al agua como derecho humano constitucional.
El diputado federal por el PRD expuso que “esperamos que este compás de espera, sirva para escuchar y analizar la postura de los expertos, evitando con ello que se pueda aprobar una legislación con tendencias privatizadoras o tentaciones autoritarias”. Además, aseveró que el tema principal se basa en la sustentabilidad, el derecho a los 50 litros diarios de agua para toda la población, elemento que no se encuentra contemplado en el planteamiento del Gobierno Federal, a pesar de establezcan que se da por hecho.
Aceptó la legitimidad de los reclamos, protestas y rechazo por parte de la sociedad civil, a quien se han sumado importantes miembros de la esfera política y actores mexicanos; motivo que indicó, obliga a que la reforma no se apruebe tal y como está, a la espera de que los diferentes grupos parlamentarios busquen la forma en la que pretendan incidir en las posibles modificaciones que se desprendan de las iniciativas o planteamientos de los expertos e investigadores, para que sea aceptada por el resto de los legisladores.
Belaunzarán Méndez recordó el caso de la aprobación de la Reforma Energética, y advirtió que es claro que existe un riesgo en torno a los señalamientos sobre la posible privatización del servicio en todo el país, al establecer que “como ya se ha visto, este régimen no esconde sus tentaciones de hacer de todo un negocio”.
