Sistema Nacional Anticorrupción, mismo sabor
Francisco Aguirre:
El pasado 12 de enero discutimos en este mismo espacio la posibilidad que se avecinaba recibir una propuesta “nacional anticorrupción”, en ese entonces, y me mantengo, escribí para cerrar en aquella ocasión lo siguiente: “¿acaso no existe actualmente ninguna procuraduría o secretaría, comisión, tribunal con competencia para investigar delitos de corrupción?, ¿en verdad no se nos había ocurrido?, ¿o será que sí existen y la dinámica perversa vinculada con los privilegios de pocos impera en el país?, ¿en medio del escándalo de un secretario de Hacienda que dice no haber incumplido la ley con su casa en Malinalco, seremos tan ingenuos para escuchar propuestas y discutir que quieren eliminar la corrupción a los que hacen un monumento de ella todos los días?, ¿los que han disfrutado de las mieles de la corrupción por años la eliminarán ahora de raíz?, ¿acaso un Sistema Nacional Anticorrupción será un despertar de voluntades y la erradicación del cinismo? No lo creo, el pesimismo me abruma. No creo que la propuesta que resulte de discutir en meses prospere y rinda frutos, pero sí, lo único que deseo al final, es que me callen la boca”. Ahora vamos a ver cómo nos está yendo (http://goo.gl/zCNyzs).
El Senado de la República recibió esta semana proveniente de la Cámara de Diputados la minuta que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que, como ya decíamos, pretende prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción cometidos, ya sea por servidores públicos o personas físicas o morales (privados, también pues). Pero, al repasar las funciones estelares de este sistema, queda en el aire, la principal interrogante, ¿dónde está el control preventivo?, ¿dónde están las funciones de diagnóstico?, ¿cómo identificar el problema del problema?, ¿cómo rodeamos de forma contraria a este espiral, cómo interrumpirlo?, desafortunadamente la respuesta que nos dan nuestros representantes es la misma que avizorábamos: más burocracia para combatir a esa burocracia que hace daño.
Y es que, aunque sean buenas ideas en el papel, mejorar la interacción entre Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y algunos tribunales; la extinción de dominio para funcionarios públicos cuando se compruebe el enriquecimiento ilícito o el afilamiento de dientes a la Auditoría Superior para que pueda investigar a gobiernos locales en periodos de tiempo más extenso; en su mayoría evidencian el mayor problema de nuestro sistema gubernamental, la carencia de un diagnóstico correcto.
La fórmula mágica “mayor burocracia necesitará mayor recurso financiero” será de cada vez más débil aplicación. Los incentivos de quienes cometen actos de corrupción, no cambian en lo absoluto, síntoma inequívoco de un mecanismo sistemático desahuciado. La impunidad es el modus operandi de la política nacional, desde el ciudadano que, sin importar el tamaño ni el lugar de la mordida constantemente accede sin cuestionamiento social, ya no digamos moral o personal.
El sistema, ahora propuesto, busca castigar con mayor fuerza otorgando mayores capacidades a las instituciones para sancionar. Algún efecto o símbolo parecido cuando se incrementaron las penas a extorsionadores y secuestradores pretenden buscar para que el colectivo mental, la agenda pública y publicada mida de mejor manera a los organismos políticos, pero, ¿a poco la honestidad se da por ley o por decreto?, ¿acaso somos tontos?
Pero ya los escuchamos, “tardará varios años en funcionar”, tal vez hasta finales del sexenio, según los “expertos”, claro, implementar semejantes cambios será labor de resistencia y existencia. Otros ya hablaron, “peor es nada”, ¿seguros?, no lo creo. Cumplir la ley es el juramento que hacen nuestros representantes, cumplir con el mandato colectivo de acuerdo a nuestra constitución, y también, cumplir con la demanda social, esa demanda tan intermitente. ¿En verdad no podemos hacer que funcionarios y personas morales cumplan las leyes?, ¿no existe el temor por no cumplir?, hay ejemplos claros que nos llevan a no entender (o a sí entender), ahí está, Luis Armando Reynoso Femat.
El sueño de la indignación colectiva en contra de la corrupción debe concretarse en las urnas, nos guste o no, así funciona hoy, y eso gracias a la muerte de muchas personas. El combate a la corrupción se encumbra en la participación social activa y en el reclamo ácido, cada vez más necesario. Esa acidez que busca corroer las capas de la corrupción, desde lo familiar, lo cultural, lo deportivo, hasta en lo político-gobierno y viceversa.
Ver esta propuesta como victoria me sigue dando risa vergonzosa. Mi expectativa es baja, el ciudadano no es protagonista de la propuesta, no existen los mínimos mecanismos para que se encumbre a la sociedad participativa y la no participativa. Repito, la misma partidocracia que ha sido la causa original que lleva a éste “dilema de corrupción”, es quien encumbra esta idea. No, para mí no, no me funciona, esto es el mismo cuento: te contrato para que me vigiles. Así, esta boca no ha sido callada.
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Ley de transparencia, eslabón del sistema anticorrupción
Fernando Aguilera Lesprón:
Sin duda que la transparencia y la rendición de cuentas son una pieza clave en la construcción de la vida democrática del país y por ende de la ciudadanía, pero, además, son una herramienta importantísima para el combate de la corrupción, por lo que la elaboración de la Ley General de Transparencia deberá ser especialmente cuidada por el legislativo federal si se quiere realmente acabar con los males provocados por un sistema político opaco y corrupto.
La semana anterior, el Senado de la República aplicó el ejercicio de las audiencias públicas con el fin de suponer escuchar la opinión de organizaciones no gubernamentales sobre la Ley General de Transparencia.
Si bien el senador panista Javier Corral señaló que dos terceras partes del presupuesto que se ejerce en la Cámara Alta del Congreso de la Unión se hace en total opacidad, también acusó que los legisladores reciben “compensaciones” por votar determinadas leyes o ratificar ciertos nombramientos. La situación es preocupante pues aunque se conoce como una práctica común no sólo en las cámaras federales, sino también en los congresos locales, se da en tiempos en que la sociedad esta harta del cinismo con el se sirve con “cuchara grande” la clase política.
En diciembre pasado, Transparencia Mexicana inició la campaña Tres de Tres, iniciativa que busca que los candidatos a diputados federales, así como los que ya ocupan un puesto de representación popular, hagan pública su declaración patrimonial, de impuestos y de intereses; además que con ello suscriben el compromiso de legislar a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, en caso de que se conviertan en legisladores.
La respuesta por parte de los políticos ha sido prácticamente nula, tan sólo 6 han colaborado con el programa de Transparencia Mexicana. No es de sorprender la negativa, pues el político mexicano no está acostumbrado a que sus representados le pidan cuentas o a transparentar el ejercicio de su función, la misma sociedad mexicana no está acostumbrada a exigirle.
¿Será que quienes hacen política en México no están ciertos de lo necesarias que son la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer la incipiente democracia que vivimos? Claro que lo saben, pero tener un electorado informado podría minar el fastuoso nivel de vida que se dan al cobijo de prácticas de corruptelas.
Un tema que deberá abordar la legislatura actual y la siguiente es el manejo de los posibles conflictos de intereses, pues no son pocos los casos que se conocen gracias al flujo de información que tienen este tipo de noticias en las redes sociales; y que seguramente seguirán brotando más con la participación de actores de todos los partidos políticos en todos los niveles de gobierno.
La legislación en materia de transparencia deberá permitir un sistema que haga más práctico y dinámico el manejo de la información gubernamental y el acceso de los ciudadanos a ella; así como corregir vicios de los servidores públicos para respetar ese derecho de la ciudadanía y mejorar la aplicación de sanciones.
Si la ley general es clara, enérgica y puntual obligaría a que las legislaturas locales armonizaran con ella, lo que podría provocar el acotamiento de la corrupción y el aseguramiento de oxigenar las funciones de los pocos útiles institutos de transparencia locales, que sirven más para engrosar el aparato burocrático que para lo que fueron creados.
La ley es deseable que sea muy clara y específica en los supuestos en que se cataloga la información como “reservada” o “confidencial” ya que actualmente es una “lanza excusas” más utilizada por los servidores públicos para evitar entregar información a los ciudadanos, justificándose en los pretextos de la seguridad nacional, la estabilidad económica y los datos personales; por lo que también deberá contener un buen sistema de medio de impugnación.
